La Policía Nacional remitió ayer al Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo el resultado de sus pesquisas sobre el fallecimiento de la joven leonesa hallada muerta el pasado miércoles en un hotel de la capital asturiana. S. F. LL. (León, 1986), militante por la eutanasia y enferma de ELA, habría puesto fin a su vida de manera voluntaria y acompañada por dos socios de la delegación asturiana Derecho a Morir Dignamente (DMD) que se alojaron con ella en el establecimiento. La Justicia, ahora, esclarecerá las circunstancias del fallecimiento y si estos colaboraron en la interrupción de su vida.
Al entrar en la habitación tras recibir la llamada de uno de los acompañantes de la joven, los agentes tomaron documentación gráfica de la escena del suceso y recogieron las pruebas que la joven había dispuesto para el juzgado: una carta en la que explicaba las circunstancias que la llevaron a tomar la decisión, una tarjeta de vídeo en la que se encontraría grabada la interrupción de su vida y un bote de medicamentos. Fuentes conocedoras del caso aseguran que la joven, ingeniera de profesión, había comprado la sustancia por internet hacía más de un año.
Los agentes interrogaron a los dos acompañantes de la joven, que no han sido detenidos. Ahora, la Justicia deberá valorar el caso ante la duda de que se hubiese cometido algún tipo de delito. Expertos en Derecho Penal consultados por LA NUEVA ESPAÑA aseguran que, según lo que ha trascendido a la opinión pública, los dos amigos de la joven y también socios de DMD podrían haber incurrido en alguna de las conductas delictivas recogidas en el artículo 143 del Código Penal o la figura de la omisión del deber de socorro, pero reconocen que es un caso “complejo” y que deberá valorarlo la Justicia.
Según fuentes policiales, el vídeo y la carta de la joven formarían parte de un protocolo para eximir de toda culpa a sus acompañantes. El citado artículo del Código Penal castiga con penas de cuatro a ocho años de cárcel la inducción al suicidio y de seis a diez la cooperación si esta llega hasta el punto de ejecutar la muerte. Pero, tras la entrada en vigor el pasado 25 de junio de la Ley de Eutanasia, al artículo se ha modificado. Este recoge una reducción de las penas de uno o dos grados si el fallecido padece una enfermedad crónica grave o incurable como la que presuntamente tenía S. F. LL. Y, la última novedad de la Ley es que no incurriría en responsabilidad penal quien cooperase activamente cumpliendo con la nueva Ley de Eutanasia. Esta, entre los condicionantes que pone a su aplicación, incluye la prescripción por parte de un médico de los medicamentos que pondrían fin a la vida.
Por su parte, DMD insistió ayer en defender “una muerte digna con garantías” lo que implica “hacerlo dentro de la legalidad y financiado por la sanidad pública” y volvió a desvincularse del caso como entidad, aunque reconoce la afiliación de los tres participantes en los hechos.
En la asociación entienden que el camino a seguir debe ajustarse a la nueva Ley. Así, quien quiera acogerse a la norma debe expresarlo por escrito en la Consejería de Salud. Ese es el primer paso de un proceso que requiere otro escrito para reafirmarse. Posteriormente, deberá ser asistido por un profesional sanitario. Una vez que el paciente disponga de supervisión profesional, el expediente pasará a la Comisión de Garantía y Evaluación. Esa comisión, creada el pasado día 5 de agosto está formada por once profesionales. Son ellos los que deben aprobar o no la petición del paciente que finalmente podrá acogerse al nuevo derecho de Eutanasia.
