Tras el derrumbe de un alero del edificio que hace esquina entre las calles San Antonio y Mon el pasado 16 de septiembre, la Consejería de Cultura decidió adelantar el informe del que dependía la reforma del inmueble, solicitada por la propiedad en 2019. No tardaron ni un día. El Consejo de Patrimonio, reunido el día 17 resolvió favorablemente la petición de la empresa Dursa Inversiones S. L., aunque, según el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se le imponen varias condiciones. Tras el derrumbe, los técnicos del Principado dan por buena la tesis de los arquitectos del proyecto, que argumentaban que la estructura principal del edificio se hallaba en un “estado ruinoso”. Así, permiten “la demolición de los elementos de la estructura interior y de la cubierta que se encuentren en estado inestable y pongan en peligro la seguridad de los viandantes y la conservación del resto del edificio”. Sin embargo, exigen que se garantice “la conservación y el mantenimiento de la estructura vertical de muros de fachadas y medianerías”.
Fuentes del área de Urbanismo ya indicaron que en varias reuniones con Patrimonio ya se había trasladado la necesidad de agilizar este tipo de documentos o de articular, al menos, mecanismos de intervención para poder actuar antes de tener el dictamen del Consejo. El equipo de gobierno también insistió en que la licencia para la reforma integral del edificio de San Antonio, paralizada durante un año en el Ayuntamiento, corresponde a un expediente del año 2019.
El inmueble, de mediados del XIX, se encuentra situado en la zona de los Cuatro Cantones, el encuentro de las calles San Antonio, Santa Ana, Mon y Canóniga, una de las huellas más significativas del antiguo trazado medieval, frecuentada desde el siglo XIII por el gremio de los carniceros y por los miembros del Cabildo de la Catedral.
El edificio fue sede del almacén de chocolates propiedad de la familia Ojanguren y después alojó en sus bajos la tienda de arte sacro “La Victoria”. Justo en la esquina opuesta está el “martillo” de Santa Ana, otro solar en mal estado que ahora la Iglesia quiere convertir en un centro cultural.
Entre los requerimientos que el Consejo de Patrimonio le hace a la empresa propietaria del edificio está la obligación de “documentar previamente y de forma exhaustiva el estado del bien, con el fin de garantizar la reposición parcial o total del bien inmueble”. Frente a la reforma, Cultura apuesta por la rehabilitación y, sobre la restauración, pide que se prime la conservación. Entre las concesiones que se le hacen a los propietarios está la de poder instalar un ascensor en el edificio, aunque no podrá ocupar el ojo de la escalera. También se les pide que reproduzcan el alero original “de manera mimética”. Para la reposición de los materiales que no se puedan reutilizar deberán utilizarse elementos de madera.
Todos estos requerimientos deberán incluirse en una modificación del proyecto de rehabilitación planteado por la empresa hace dos años. El derrumbe del alero también ha impulsado al Ayuntamiento a realizar un análisis de la conservación de los inmuebles del casco histórico.
