La última comparecencia del equipo de gobierno sobre el presupuesto de 2022 le correspondió a José Ramón Prado, responsable del área de Seguridad Ciudadana. El edil explica que el presupuesto de su concejalía –que gestiona la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil– pivotará sobre tres ejes: reducir el gasto corriente, aumentar la inversión e incrementar la provisión de plazas. En total, más de 24 millones de euros destinados a “hacer de Oviedo una de las ciudades más seguras de su entorno”. El Ayuntamiento pretende convocar este año 32 nuevas plazas de agentes de la Policía Local.

La idea del equipo de gobierno es llevar las cuentas, las primeras de la pandemia, a un Pleno extraordinario este mismo mes con la idea de que pueda empezar a ejecutarse a finales del mes de febrero o principios de marzo.

El edil de Seguridad Ciudadana anunció una contención del gasto corriente del 8% que, sin embargo, defiende que no reducirá la calidad del servicio. La reducción del gasto corriente en su área, explica, responde a “la difícil situación socieconómica”. El presupuesto de Seguridad Ciudadana se repartirá de la siguiente forma: la Policía Local y Tráfico se llevarán 19,5 millones de euros; el servicio de Bomberos, 4,62, y al área de Protección Civil se destinarán 159.200 euros. Todas las partidas se incrementan respecto al último presupuesto. En total, la concejalía tendrá medio millón de euros más.

Según el concejal, entre mayo y diciembre, el servicio que dirige ha hecho más de 40.000 intervenciones solo relacionadas con la pandemia, lo que demuestra “el esfuerzo” que su concejalía está llevando a cabo durante estos años.

Entre las inversiones previstas para 2022 en el área de Seguridad Ciudadana está la instalación de las cámaras de vigilancia para el casco histórico que se extenderán hacia el Campo San Francisco. Unas obras que se pretenden iniciar a finales de este mes. El área pretende también incorporar un dron de uso policial, que costará casi 12.000 euros.

Además, la concejalía tiene un gran reto por delante: la implantación de la zona de bajas emisiones que le exige la nueva ley de Cambio Climático. En principio, la reordenación del tráfico en el centro de la ciudad, que tendrá que prohibir el paso al coche contaminante, la costearán los nuevos fondos Next Generation de la Unión Europea. Si la ciudad no consigue que su proyecto sea financiado, deberá costear la colocación de señales y cámaras de tráfico para no afrontar las posibles sanciones por incumplir la ley. La exigencia es que el modelo empiece a funcionar en todos los núcleos de más de 50.000 habitantes antes de que llegue 2023.

Desde la concejalía se pretende encargar también este año un proyecto para construir un nuevo parque de seguridad vial en una parcela cercana al HUCA. A este plan, que servirá a los colegios de la ciudad y a las prácticas de los agentes, se destinarán en este ejercicio 200.000 euros. En la fachada del edificio de Seguridad Ciudadana también se harán mejoras por 185.000 euros.