Hacía frío en Latores, aquella madrugada de marzo. Los termómetros bajaron hasta los ocho grados, y en la ladera comenzaba a formarse la bruma que aletargaría el amanecer. En el centro de la ciudad el movimiento era escaso, más allá del ambiente que pudiera haber en Mon o de los espectadores que, ya muy cerrada la noche, saliesen de alguno de los cines del centro, entonces aún existían, que aquel fin de semana acababan de estrenar “El paciente inglés”. Pero allá arriba, en aquella cantera de Latores, trabajaban a destajo, con rabia incluso, con el ánimo de no dejar piedra sobre piedra. Cuando se descubriese su obra, ya en la mañana del lunes, la condena sería unánime, y muchos acudirían a un mismo calificativo para definirla: “barbarie”.
Aquel fin de semana de marzo de 1997, en algún momento entre el viernes 7 y el lunes 10, un grupo de personas nunca identificadas perpetró uno de los mayores atentados contra el patrimonio asturiano de las últimas décadas: el ataque vandálico al castro de Llagú. Un ataque que se perpetró en medio de una gran marejada sindical y política en torno al castro, cuando todos los ojos estaban puestos en aquellos restos de Latores, y que, pese a todo, quedó impune.
El castro de Llagú no era un yacimiento menor. Identificado en 1958 por José Manuel González, su ocupación se prolongó desde comienzos de la Edad del Hierro hasta los primeros siglos de la ocupación romana. En concreto, los arqueólogos fecharon su abandono en tiempos de Adriano, que gobernó el Imperio Romano entre los años 117 y 138 de nuestra era.
Aquel poblado fortificado ocupaba la cima de una colina de 280 metros de altitud, distante apenas cinco kilómetros del actual centro de Oviedo, y desde el que se dominaba una gran porción de terreno circundante. En total, se estima que el recinto podía tener unos 16.000 metros cuadrados.
Pese a que el yacimiento que se identificaba como “castiello de Llagú” o “Cellagú” era de sobra conocido, aquellos restos comenzaron a peligrar seriamente a principios de la década de 1990, cuando la cercana cantera, explotada ya la falda del monte, comenzó a mirar hacia la cima. La compañía que gestionaba la cantera en aquella época, Readymix Asland, inició los trámites para expandir la explotación, encomendando una primera exploración arqueológica. Era 1994, y el Gobierno autonómico, entonces presidido por el socialista Antonio Trevín, inició un expediente administrativo que derivó en un controvertido Pleno de la Comisión de Patrimonio Histórico de Asturias, celebrado el 21 de marzo de 1995 y en el que se determinó que la degradación del entorno, considerada “irreversible”, era “incompatible” con la conservación y la puesta en valor del yacimiento. Con esas razones y a partir de los informes que había pagado un año antes la empresa, se validó un plan redactado meses antes por el Servicio de Patrimonio Histórico para ejecutar una “exhumación” integral del castro. Esto es: se pretendía documentar todo el yacimiento y extraer los elementos de mayor entidad para trasladarlos a otra ubicación. Después, se permitiría a la cantera colonizar el yacimiento.
Cambio de gobierno
Apenas dos meses después del Pleno de la Comisión de Patrimonio que condenaba al yacimiento, se produjo un hecho crucial: el PP ganó las elecciones autonómicas, y Sergio Marqués relevó a Trevín como presidente del Principado. En paralelo, se produjeron cambios, de personas o criterio, en todos los órganos asociados al Gobierno, algo a lo que no fue ajena la Comisión de Patrimonio Histórico. Cuando el expediente del castro de Llagú retornó al organismo, en noviembre de 1996, la sensibilidad en torno al yacimiento había girado 180 grados. Varios miembros de la Comisión hicieron público su desacuerdo con el modo en el que se había llevado el asunto, y comenzó una intensa polémica que llegó a la Junta General del Principado, donde el castro de Llagú se convirtió en arma arrojadiza entre los distintos partidos. Para unos, Llagú era un bien patrimonial de primer orden; para otros, un montón de piedras sin valor.
La controversia afectó a los 146 trabajadores de la cantera, que en las últimas semanas de 1996 y los primeros meses de 1997 protagonizaron diversas movilizaciones. En este caldo de cultivo, la Junta General del Principado acabó debatiendo la conveniencia de instar a la Comisión de Patrimonio Histórico que iniciase el procedimiento para declarar el yacimiento Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección que contempla la legislación. La propuesta fue aprobada por mayoría, y en medio de un agrio debate, en un Pleno celebrado el viernes, 7 de marzo de 1997.
La reacción al acuerdo llegó con nocturnidad y alevosía. Aquel mismo día, Readymix Asland retiró la vigilancia del castro. Durante todo un fin de semana, Llagú, el castro que centraba todas las miradas, no tuvo a nadie que velara por él. Como si de una acción coordinada se tratase (aunque nunca se acusó formalmente a la empresa), un número indeterminado de personas accedieron al yacimiento y arruinaron cualquier resto visible.
Las consecuencias del ataque se conocieron el lunes siguiente, 10 de marzo. Al día siguiente, LA NUEVA ESPAÑA daba cuenta del acto vandálico con un expresivo titular, impreso en portada: “El castro de Llagú, arrasado”. La entonces consejera de Cultura, Victoria Rodríguez Escudero, visitó la zona y calificó el brutal ataque de “hecho desgraciado”.
A decir de los expertos, las partes más valiosas del castro habían resistido el ataque, gracias a que los vándalos, a fin de cuentas, no sabían lo que hacían. Pero la posterior crisis del Gobierno de Marqués sepultó la polémica, y los planes de Llagú volvieron al surco más beneficioso para Readymix Asland, que si bien tuvo que aceptar un par de excavaciones adicionales, pudo finalmente ampliar la cantera y colonizar definitivamente el yacimiento. Entre 2004 y 2005, el castro fue completamente desmantelado: era la confirmación de un fracaso político y social, y de la fragilidad de las estructuras de protección del patrimonio histórico-artístico. Pero lo más turbador es que, 25 años después del ataque al castro de Llagú, no hay garantías de que algo así no pueda pasar de nuevo.
