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El Juzgado especializado en la banca cierra en junio tras bajar la presión judicial

El tribunal, asentado en Llamaquique, tramitó casi 18.000 asuntos en cuatro años y medio, y desde el verano volverá a ser de primera instancia

Los juzgados de Llamaquique. | LNE

La gran recesión de 2008 provocó una cascada de demandas contra las entidades financieras que acabaron atragantando a los jueces. Tal fue la avalancha que el Poder Judicial decidió en julio de 2017 establecer una serie de Juzgados especializados en las cláusulas abusivas –primero fueron las suelo (aquellas que limitaban la bajada de las hipotecas), luego los “swaps” (una especie de seguros ligados a los créditos), y más tarde las multidivisa (préstamos ligados a monedas extranjeras)– estableciendo uno de ellos en Oviedo. En Llamaquique, para más señas. Como aquella tromba de demandas ya se ha apaciguado, el Poder Judicial ha decidido que cerrará el ovetense a partir de junio junto a otros 20 repartidos por España. A no ser que hasta esa fecha se dé otro atragantón similar al de hace unos años.

Lo hace después de que el Juzgado –que recobrará sus antiguas funciones como tribunal de primera instancia número 6– haya tramitado en estos cuatro años y medio de actividad 17.962 asuntos (demandas y reclamaciones) tramitados. Son casi once al día.

Pero este Juzgado pasó su mayor atracón durante 2018 –su segundo año de actividad– cuando tuvo sobre su mesa 7.110 asuntos judiciales. La gran mayoría de ellos, coinciden los abogados asturianos, fueron resueltos de forma favorable a los intereses de los consumidores. La decisión de echar la persiana a esta actividad exclusiva la tomó hace unas semanas la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial dada, justificó, “la positiva evolución experimentada por estos Juzgados tanto a lo que respecta al número de asuntos pendientes como a su capacidad de resolución”.

De hecho, el asturiano fue puesto de ejemplo en varias ocasiones por su altísima tasa de resolución de estos conflictos, en un porcentaje superior al 90%. Y eso que fue tal la avalancha de demandas que recibió en sus inicios que incluso se reforzó el servicio con un magistrado más para dar apoyo al juez titular. El Juzgado, no obstante, tiene aún tres meses para ir resolviendo los asuntos que tiene todavía pendientes. A partir del 1 de julio volverá a ser de primera instancia, como hasta 2017 y, según señalan fuentes judiciales, los asuntos relacionados con la banca volverán a repartirse por el resto de tribunales de la región. Como ocurría antes de la crisis económica.

Por afinar, de los 17.962 asuntos que ha recibido el Juzgado ovetense ya ha resuelto 17.152, el 95%. Y el flujo de demandas se ha ido reduciendo de forma considerable durante los últimos meses, pese a que el parón de la actividad judicial provocado por la pandemia –en 2020– alteró algo las cifras de 2021. Aun así, la actividad va decayendo. Va a menos. Con lo que la carga de trabajo actual ya no justifica mantener un tribunal dedicado única y exclusivamente a estos asuntos.

El de Oviedo podrá ir, de esta forma, cerrando la persiana de la especialización bancaria para ir centrándose en otros asuntos gracias a su elevada efectividad, algo que no ocurre en otros lugares de España. El criterio que ha seguido el Poder Judicial para decidir si cierra o mantiene abiertos estos juzgados exclusivos es que hayan registrado más de 2.000 nuevos asuntos en los últimos tiempos –entre octubre de 2020 y el 20 de septiembre del año pasado– y que, a su vez, tuvieran más de 1.500 asuntos pendientes de resolver. El ovetense –a priori– cumple el primero de los criterios, por eso el Poder Judicial le dio hasta junio para que se pusiera al día, mientras que otros ya los cerró en diciembre. Sin embargo, hay otros, de los repartidos por España, que, a la vista de los números, pueden tener una vida aún mucho más larga. Por ejemplo, el de Madrid tenía en diciembre 70.000 casos pendientes de resolver, mientras que el Barcelona acumulaba 30.000.

El propio Consejo General del Poder Judicial concedió a este Juzgado el premio “Calidad de la Justicia” por, señaló en su momento, “dar una respuesta y una solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social”. De aquella, celebraba una media de 15 audiencias al día y el porcentaje de sentencias favorables al consumidor oscilaba en el entorno del 95 por ciento.

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