La ley orgánica que regula la aplicación de la eutanasia en España, aprobada el 24 de marzo de 2021, ante todo respeta la vida y reverencia el modo en el que cada persona decide cumplir sus últimos instantes. Así lo constataron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA los participantes en una mesa redonda organizada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente-Asturias y la Plataforma por la Salud y la Sanidad, con motivo del primer año de la polémica normativa.

“Resulta muy conveniente que la gente deje instrucciones previas sobre cómo quiere que sean sus últimos momentos y esa decisión debe tomarse cuando las personas tienen capacidad de reflexión; además, es un acto de respeto hacia aquellas personas que nos quieren”, señaló María Josefa Fernández Cañedo, directora general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud del Principado.

También destacó la importancia de que los profesionales sanitarios tengan acceso al registro en el que figuran esas disposiciones, creado en virtud de la ley que entró en vigor el 25 de junio de 2021 y pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a la demanda de eutanasia.

Asturias garantiza la prestación de la ayuda a morir y pone al alcance los instrumentos para ello. “Es un nuevo derecho que requiere también un recorrido y la ayuda a los profesionales que van a participar en esos procesos”, aseguró Fernández Cañedo. A su modo de ver, la objeción de conciencia puede ser una dificultad en un primer momento, “pero las cosas se irán poniendo en su sitio, porque la ley española protege el derecho a la vida y es tremendamente garantista”, recalcó Fernández Cañedo. “Estamos ante un proceso de secularización de la muerte”, señaló José Fernández Díaz, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la LORE de Asturias. Fernández recordó que para sacar adelante la ley hubo que lograr un consenso y reformar el Código Penal para llevarla al marco constitucional. “España está hoy en un escaso grupo de países en los que puede despenalizarse la ayuda a morir”, añadió Fernández, quien remarcó que no se trata de tolerancia ante la muerte, sino de respeto y solidaridad, “en la sanidad pública no se confronta salud con muerte, sino salud con enfermedad”, agregó.

“No debemos vivir de espaldas a esta ley ni evitar hablar de la muerte”, indicó Rocío García Ronderos, trabajadora social en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Monte Naranco de Oviedo. “Es muy grave que aún haya personas que sigan enfrentándose al final de su vida con dolores muy intensos, sobre todo en esta sociedad en la que prima lo bello y se huye de lo negativo”, añadió. “Creo que hay que darle a la muerte el lugar que se merece”, refrendó García Ronderos. “Uno de nuestros objetivos es romper el tabú de la muerte; queremos acabar con la conspiración del silencio, es hablar del final de la vida”, expuso Javier Velasco Laiseca, presidente de DMD-España, que remarcó que la eutanasia no se aplica a nadie que no la haya pedido y reclamó transparencia con los datos de solicitudes de asistencia de eutanasia. El acto estuvo moderado por Pilar Cartón, vicepresidenta de DMD-Asturias, que hizo hincapié en la existencia de un observatorio para la muerte digna en Asturias, formado en octubre de 2021.