La Fiscalía del Principado de Asturias ha retirado la acusación contra el exalcalde Wenceslao López y otros nueve concejales del anterior gobierno tripartito, que son juzgados por prevaricación por conceder un permiso de ocupación de vía para la celebración de un mercado en la calle Gascona, en marzo de 2018. El fiscal notificó al tribunal la retirada de la acusación tras escuchar a los técnicos que emitieron los informes en base a los cuales los ediles que formaban la Junta de Gobierno Local en aquella época concedieron el permiso de ocupación de vía para la celebración del mercado. La Fiscalía explicará este viernes ante el tribunal, en la última jornada del proceso, los motivos de la modificación de su postura y la retirada de la acusación. En un primer momento, el fiscal había pedido una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La decisión de la Fiscalía fue acogida con satisfacción por los encausados -Wenceslao López, Ana Rivas, Marisa Ponga, Ricardo Fernández, Ignacio Fernández del Páramo, Rubén Rosón, Ana Taboada, Mercedes González, Roberto Sánchez Ramos e Iván Álvarez-, aunque con la debida cautela toda vez que aún se mantiene contra ellos una acusación particular, que ejercen las asociaciones de vecinos de Gascona e Indalecio Prieto, representadas por el abogado Miguel Teijelo.
En la tercera jornada del juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, declararon policías y técnicos que estuvieron implicados en la redacción de informes cara al expediente. Los primeros en testificar fueron el jefe de la Policía Local, José Manuel López García, y el agente que hizo un informe a petición del Servicio de Infraestructuras para valorar la ocupación de vía. Ambos coincidieron en apuntar que se trataba de informes habituales y de carácter no vinculante, pero que eran tenidos en cuenta en el caso de que, en su redacción, se apreciase una posible ilegalidad. "Si algo va contra la norma o contra la ley, somos taxativos", afirmó José Manuel López, quien precisó que en el caso concreto del mercado de Gascona apenas se advirtió que no era recomendable ampliar el número de mesas porque podía comprometer la seguridad. El agente que redactó el informe, por su parte, señaló que no había recibido ninguna instrucción por parte de los concejales, ni en este caso ni en otros.
Tras los agentes, acudió a declarar Ignacio Ruiz Latierro, en la actualidad Director General de Infraestructuras del Ayuntamiento y en la época jefe de servicio, quien redactó varios informes en aquel procedimiento. En el primero, del 19 de enero de 2018, rechazó conceder el permiso toda vez que la Asociación de Hosteleros de Gascona había solicitado renovar el permiso para aquel evento, denominado "Mercado de Gascuña". "No constaba ese permiso previo", señaló Latierro. Posteriormente, el 13 de febrero, se presentó una nueva petición con memoria y planos. Latierro emitió un primer informe desaconsejando la actividad, que no estaba firmado por la concejala responsable, Ana Rivas. Posteriormente, el 1 de marzo, emitió el informe definitivo, más matizado y en el que indicaba que la actividad, no siendo autorizable según la ordenanza de mercados por no estar en una zona inicialmente prevista para este tipo de actividades, podía ser desarrollada, siempre que la Junta de Gobierno así lo considerase y bajo determinadas condiciones. Latierro señaló que no considera que hubiese realmente un cambio de criterio entre un informe y el otro, sino que simplemente se habían redactado de distinta forma pero que el poder de decisión a la hora de conceder o no el permiso siempre recayó en la Junta de Gobierno Local.
Uno de los puntos más controvertidos de estos dos informes es que la Asociación de Hosteleros remitió para el "Mercado de Gascuña" una memoria técnica con referencias a otra actividad, "Quiero quesarte". Eran dos actividades diferentes tanto en su naturaleza y periodicidad como, especialmente, en sus implicaciones cara a la ocupación de vía, toda vez que la primera estaría compuesta por 35 puestos y la segunda tendría 20. María Lavilla, de la Asociación de Hosteleros de Gascona, explicó que la tramitación del permiso se hizo a través de una asesoría, y señaló que el contacto con los técnicos municipales cuando se organizaban actividades toda vez que "siempre teníamos dudas con los permisos".
El secretario municipal, Jesús Fernández de la Fuente, inscribió toda la tramitación del permiso siguiendo las prácticas habituales de la época, aunque reconoció que las ordenanzas de mercados y venta ambulante dan "un margen de discrecionalidad amplio" a la Junta de Gobierno Local a la hora de aprobar las actividades. Esto llevaba a aprobar este tipo de expedientes siguiendo la práctica que se conoce como "motivación por remisión", esto es, que la propia presencia de informes o dictámenes se acepta como motivación para aprobar este tipo de actos administrativos. "Esto nos llevó a una inercia que tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 se ha cambiado", explicó Fernández de la Fuente. Esa sentencia fue precisamente la que anuló el "Mercado de Gascuña" y propició un procedimiento penal que ha llegado a la Audiencia. "Ahora se trata de motivar por qué se toma la decisión de aprobar la ocupación de vía, que no sea una motivación lacónica", explicó el secretario municipal, que señaló que se trata de reducir "el margen de discrecionalidad". Fernández de la Fuente también aclaró que el hecho de que no se tratase de un mercado ocasional (una de las condiciones que permitirían a la Junta de Gobierno desarrollar la actividad en una zona no reseñada para tal fin) no era decisivo, ya que el "Mercado de Gascuña" era sin duda "una actividad económica de un gremio" profesional, por lo que podría autorizarse. Fernández de la Fuente también señaló que la Junta de Gobierno nunca aprobó un expediente en el que hubiera informes concluyentes en contra, e inscribió la iniciativa del concejal Rubén Rosón de tratar de redactar una nueva ordenanza de mercados, precisamente, "porque en la norma hay un margen de discrecionalidad muy grande" por parte de los representantes políticos "que requeriría de un mayor acotamiento".
Germán Abad, presidente de la asociación de vecinos demandante, cerró las declaraciones explicando que el colectivo trata "de hacer habitable la calle Gascona". Abad señaló que desde su constitución, en 2017, la asociación ha presentado "más de 1.000 denuncias" tanto por la celebración de eventos como por actuaciones de "carga y descarga de vehículos en horarios no autorizados, malos olores, suciedad asociada a la actividad de las doce sidrerías de la zona, ruidos, múltiples actos masivos e incluso pasacalles", asegurando además que en la zona hay un incumplimiento sistemático de las ordenanzas municipales. Abad afirmó que se reunió con representantes del tripartito en al menos dos ocasiones, y que algunas de las prácticas habituales de la calle suponen un peligro para la seguridad, toda vez que ante la extensión de las terrazas, muchas fijas, "el paso de una ambulancia es prácticamente imposible". Abad explicó que las actividades de la asociación de hosteleros afectan a los vecinos no solo cuando se celebran esas actividades, también el día antes (preparación) y el de después (desmontaje), y reveló una estadística que maneja la asociación de vecinos: "durante 70 días al año hay actos en Gascona, eso es un acto cada cinco días". Abad, por último, lamentó que, hasta la fecha, la asociación "no ha logrado ese objetivo" de hacer Gascona
