Dice el economista José Antonio Díaz Lago que cuando el pasado mes de abril ocupó el puesto de gerente de la Universidad de Oviedo experimentó “una especie de ‘déjà vu’”. Llegaba al mismo despacho, con la misma mesa de trabajo, en el que estuvo durante ocho años (del 2000 al 2008), también como gerente, en el doble mandato de Juan Vázquez. Díaz Lago, que en este tiempo desempeñó varios puestos en el Gobierno del Principado y en Hunosa, nunca pensó en volver a la Universidad. ““No estaba en mis planes”, dice. Pero, asegura, que cuando le llamó el actual rector, Ignacio Villaverde, y “me explicó sus razones, no pude decir que no”. Es funcionario de la Administración del Estado, en el cuerpo técnico de Hacienda, y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.
–Ha pasado casi veinte años desde su gerencia con Vázquez hasta hoy, ¿qué Universidad de Oviedo se ha encontrado?
–Quizá me esperaba más cambios, más novedades. Y lo que me encontré fue un continuo. No me he sentido extraño. Es verdad que las universidades tienen una trayectoria larga y hay que medirlo en este sentido.
–¿Qué novedades esperaba?
–Siempre esperas cambios, han pasado un número importante de años. Quizá me esperaba más desde el punto de vista de la digitalización.
–¿La Universidad de Oviedo tiene un buen presupuesto?
–Creo que debería ser superior al actual, lógicamente (se ríe). Pero es un presupuesto razonable. El Principado ha venido haciendo un esfuerzo en este sentido y somos conscientes de las limitaciones de ingresos que hay. Tenemos que pensar que la Universidad es un servicio público, muchas veces se nos olvida, es decir, no es algo opcional. Y es cierto que si queremos que la Universidad avance, si queremos nuevas titulaciones, si queremos infraestructuras mejores, si queremos investigación de más calidad, todo eso cuesta dinero. Otra cosa es que ese dinero venga acompañado de exigencias que son razonables y que hace el Principado a nuestra institución. En definitiva, si queremos jugar en primera división en el mundo de las universidades tenemos que tener ingresos suficientes.
–¿Cuánto dinero más necesita la institución académica?
–Eso depende de a dónde queramos llegar. Las intenciones se deben traducir en financiación. Cuando hablamos de nuevas titulaciones, nuestra idea es que esos estudios siempre vayan acompañados de una memoria económica que evalúe su coste. Y si el Principado la aprueba, tiene que entender que eso implicará una financiación adicional. Lo mismo respecto a las inversiones y a las infraestructuras. No se trata, de decir: necesitamos 20 o 30 millones más. No, depende de a dónde queremos llegar.
–El próximo año la Universidad y la Consejería de Ciencia firmarán un nuevo modelo de financiación, que podrá tener una duración de hasta diez años. Dígame qué más novedades están negociando?
–Más allá de cuestiones técnicas, estamos negociando los parámetros que definirán la financiación estructural. Lógicamente, nosotros pretendemos que sea la mayor posible, es decir, que pueda llegar al cien por cien. Estamos en este toma y daca con el Principado, pero en un ambiente cordial y avanzando.
–¿Cuánto cubre hoy en día el Principado de esa parte?
–El 90% o más, pero nunca el cien por cien.
–¿De cuánto es el agujero económico que ha generado la crisis energética?
–Vamos a ver, por un lado, si las medidas de ahorro que hemos implementado atemperan la situación, y si el precio de la energía y del gas, por otro, se consigue contener. La repercusión está siendo en estos meses muy importante. Si extrapoláramos lo que está ocurriendo ahora al conjunto del ejercicio podríamos estar hablando de incrementos en torno a los 3 millones de euros.
–¿De dónde se quitarán esos 3 millones?
–De momento estamos funcionando con los créditos que disponemos; no tenemos un apuro inmediato. Pero si no se contiene esta espiral, nuestro presupuesto acabará siendo insuficiente. En ese momento tendríamos que ver cómo articularíamos una solución.
–Es miembro del Consejo Social, el órgano del que dependerá (hoy) la aprobación definitiva de los planes estratégicos del Rectorado, que contemplan como medida más polémica el traslado de Minas a Mieres. ¿Cree que saldrán adelante?
–Efectivamente así espero que sea. El Consejo Social debería valorar que son planes muy meditados. Aunque sean de diversa naturaleza, guardan todos una conexión y están basados en unas ideas generales: prestar un mejor servicio, acercar la Universidad a los usuarios, crear campus más concentrados especialmente en Oviedo, y desarrollar estructuras más polivalentes de personal y de titulaciones. En el Consejo de Gobierno se aprobaron prácticamente sin oposición. Yo creo que a nivel global la comunidad académica apoya este planteamiento estratégico de la Universidad de futuro.
–Uno de los planes que deberá pasar el filtro del Consejo Social es la nueva estructura administrativa, con el recorte de noventa y tres unidades gestoras.
–Más que recortar, lo que hace es unificar y dar un planteamiento más polivalente. Es decir, el objetivo es dar un servicio menos centrado en la singularidad de los centros y más en el servicio al conjunto de las diferentes áreas homogéneas. Otros pilares del plan son la digitalización y la profesionalización, entendida esta última como una mejora global de las estructuras universitarias a través de procesos de promoción, especialmente en el personal de administración y servicios (PAS), que nos permita aprovechar el talento. Hay una característica importante: hay mucho personal que tiene un nivel de titulación por encima del puesto que está desempeñando.
–El objetivo, entiendo, es gestionar mejor.
–Por supuesto, y conseguir una simplificación de procesos. Todo esto, no obstante, llevará tiempo. Probablemente los resultados se empezarán a ver dos o cuatro años después.
–Tras la aprobación definitiva de los planes (si se consigue), ¿ya se pondrían en práctica?
–Los planes estratégicos significan una manera de hacer, luego hay que desarrollarlos. Por ejemplo, en el marco del nuevo esquema administrativo, vamos a negociar las RPTs. Nuestra idea es también abrir la negociación del convenio y ya estamos con un planteamiento de plazas de estabilización, porque es de obligado cumplimiento antes del 1 de enero.
