Suscríbete

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Obligan a una tienda a devolver la señal del vestido de una boda aplazada por el covid

El fallo, novedoso en Asturias, exige a la firma retornar 700 euros, la mitad de lo que pagó la novia, a la que querían cobrar todo el traje

Una pareja se coloca las alianzas durante su boda. Ricardo Rubio - Europa Press

Las pandemia tuvo un efecto devastador sobre las bodas, muchas de las cuales tuvieron que suspenderse o posponerse, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar los contagios. Es lo que le pasó a una ovetense que había encargado su traje de novia en una conocida firma con tienda en el centro de la ciudad. La joven llegó a depositar hasta 1.400 euros, pero la boda tuvo que suspenderse. Cuando pidió rescindir el contrato, en la idea de que le devolviesen el dinero pagado, menos los gastos en que hubiese incurrido la franquicia, le respondieron con la exigencia de un nuevo pago de 500 euros, es decir, lo que quedaba por abonar del traje. Ahora, una sentencia novedosa en Asturias –el primer fallo de este tipo se emitió en Zaragoza a finales del año pasado–, dictada este lunes por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo, obliga a la tienda a devolver a la novia 700 euros, y la exime de pagar los casi 600 euros que le exigían. Y es que bastante mal trago le había supuesto tener que suspender la boda como para encima tener que pagar todo el traje.

La novia, defendida por el letrado ovetense Antonio Pineda García, explicó que el 13 de marzo del 2020 –un día antes del decreto de alarma– adquirió en la tienda un vestido de novia por importe 1.990 euros para su boda que se iba a celebrar el 2 de octubre de 2020. Afirmó además que abonó la mitad del precio, 995 euros, ese mismo día, y otros 400 euros el 9 de junio de 2020. Y añadió que, a la vista de la pandemia, y de que no se podría celebrar la boda en dicha fecha, avisó de que se cambiaba para el 1 de octubre de 2021 y luego para el 25 de septiembre del 2021. Ante la situación de pandemia interesó la resolución del contrato a lo que se opuso la tienda, reclamando lo que faltaba por pagar.

La demandada, por su parte, alegó que el 13 de marzo de 2020 ya se habían decretado medidas de distanciamiento, o de limitación de la movilidad de la población en casi todos los países en los cinco continentes. Y dice que la novia omite que, cuando formalizó el pedido, solicitó que se le realizasen una serie de modificaciones al vestido y concretamente que la espalda fuese subida, así como poner unas mangas de tul tupido.

Añadió que, con cada cliente, se pactan los porcentajes y que no se trató de una situación abusiva ni ante una decisión compulsiva o de primera idea, sino muy meditada, en la que transcurre un tiempo prudencial desde que se pide la primera cita para ver los catálogos y vestidos en la tienda, se prueban, se decide qué modificaciones quiere hasta que la clienta toma su decisión y lo encarga.

Asimismo, adujo que se informó a la clienta de que, una vez firmase el encargo, no se podían hacer cambios, ni solicitar la devolución del dinero. Negó por otro lado que, tras encargar vestido, la novia manifestase la imposibilidad de celebrar la boda, y que ésta ratificó el encargo con el segundo pago.

Indicó además que, en octubre de 2020, se podían celebrar ceremonias y eventos, si bien con limitaciones de aforo. Les manifestaron que retrasarían la boda a octubre de 2021, no constándole un cambio a septiembre de 2021. En definitiva, sostuvo que los motivos de suspensión de la boda no tenían que ver con el covid-19, sino con una decisión personal de la cliente, “cuyas consecuencias debe asumir, incluida la reclamación del resto del precio del vestido”.

“Situación excepcional”

Para la magistrada María Eloína González Orviz, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oviedo, es evidente que “la ceremonia no podía celebrarse según lo previsto vista la situación excepcional de pandemia”. Rechaza que el haber acudido a una prueba del vestido y haber realizado un segundo pago por el mismo impidiese “la posibilidad de desistir del contrato, dada la incertidumbre del momento en medio de una pandemia que no se sabía cuándo podía finalizar (...) máxime cuando se ofreció abonar los gastos que la demandada había padecido, derecho que tiene el vendedor quien no puede, en las circunstancias excepcionales vividas, exigir el cumplimiento del contrato”. Establece por otro lado que la franquicia incurrió en un gasto de 700 euros, que no deben restituirse a la novia, pero sí los otros 700 pagados.

Compartir el artículo

stats