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La Vega, negociar con fajín desde Rialto

El acuerdo para la cesión de la fábrica de armas exigió discreción militar y tuvo en el delegado de Defensa, Juan Luis González, y en el tándem formado por el teniente de alcalde, Nacho Cuesta, y el vicepresidente regional, Juan Cofiño, a sus principales muñidores

El coronel Juan Luis González, Alfredo Canteli y Nacho Cuesta, en la inauguración de una feria de coches en La Vega, el pasado mayo. | Irma Collín

Hombre pragmático, el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, nunca tuvo claro que al bocado de La Vega fuera fácil echarle el diente. Sus impresiones cambiaron –lo contó el viernes en Madrid, durante la firma del protocolo para la reordenación urbanística de la fábrica entre Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y Principado– el día en que a la salida de una visita institucional a la fábrica de armas de Trubia, la ministra Margarita Robles le dijo a la entonces Secretaria de Defensa, Esperanza Casteleiro, delante del regidor: "Y no te olvides de hablar con el Alcalde de Oviedo sobre el tema de La Vega".

Ese fue uno de los muchos puntos de inflexión que ha tenido la última negociación sobre el futuro de la fábrica de armas, la primera que llega a tomar forma de protocolo con detalle de convenio, con un acuerdo ya cerrado entre las tres administraciones sobre los aprovechamientos y usos que allí se generarán. Para lograr que esos 120.000 metros cuadrados crezcan hasta 150.000, añadiendo el entorno de San Julián de los Prados a la operación, convirtiendo varias naves en nuevos recintos culturales, alojando en otras un nuevo parque tecnológico y empresarial, diseñando nuevos parques y generando 700 viviendas libres y 300 de protección hizo falta mucha discreción, varios fontaneros y algunos golpes de suerte.

Una de las primeras ideas de este nuevo proyecto tuvo su origen en la época en que Agustín Iglesias Caunedo gobernaba la ciudad. Él fue el primero al que se le ocurrió que con la fábrica cerrada se podría pedir a Defensa que la dejaran ocasionalmente para usos culturales y en 2014 lo logró en la Noche Blanca. Fue la primera vez que La Vega, ahora escenario habitual de hípsters, indies y premios "Princesa", acogía conciertos de música electrónica y arte de vanguardia. Aquel primer sábado de octubre fueron Mulero, Fium y Tanadori Yamaguchi. Luego vendrían muchos más. Caunedo también fue el primero en tantear al Ministerio para iniciar una cesión, pero fracasó. Sin embargo, un estudio externo encargado en su época para analizar las posibilidades del recinto señalaba, al citar ejemplos similares de reconversión en fábricas culturales, el ejemplo de la ciudad francesa de Saint-Étienne. El ejemplo de aquella fábrica de armas, de dimensiones tan parecidas a las de Oviedo, en una localidad de tamaño similar y con una ubicación casi central en el trazado urbano, igual que aquí, llamó la atención de la Cámara de Comercio de Oviedo. Su presidente, Carlos Paniceres, viajó hasta Saint-Étienne con su segundo, José Manuel Ferreira, y su tesorero, José Ángel García, poco antes de las elecciones de 2019. Allí descubrieron que el cambio había sido posible con variedad de usos pero especialización en las fortalezas locales (artes de diseño, ópticas, Universidad), con el acuerdo y apoyo de todas las administraciones y con decisiones a veces arriesgadas que, en el caso de Francia, se habían llevado por delante al alcalde que hizo posible la primera transformación.

Con el nuevo equipo de gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo, los planteamientos de la cámara no tardaron en trasladarse a alcaldía a través de un buen amigo de Paniceres y Ferreira, Nacho Cuesta. La idea fuerte era que para conseguir algo en La Vega había que meter al Principado en la ecuación. Todo el mundo quería iniciar conversaciones y el Delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González, era el enlace con Madrid, el hombre que iba a preparar el escenario. Pero hubo, también, mala suerte. La tormenta de nieve de finales de 2019 y la pandemia, después, impidieron avanzar en aquellas reuniones. En febrero de 2020, no obstante, Canteli ya avanzó a Barbón la idea de que el Principado se incorporara al proyecto.

Después llegó la primera reunión. Por parte del Principado acudieron la Directora General de Ordenación del Territorio, Sonia Puente, y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García. Por el Ayuntamiento, el ingeniero municipal Ignacio Ruiz Latierro, entonces todavía en el cargo de Director General de Infraestructuras. De los tres, solo el último sabía lo que es sentarse delante de unos tipos que, como ha resumido alguno de los civiles metidos en estos acuerdos, "negocian con fajín". Pero Latierro, buen conocedor de las claves castrenses por trayectoria familiar, conoce y trata a los militares. Tanto, que cuando Defensa rechazó por escrito la propuesta del técnico municipal de solucionar los problemas de tráfico de Santullano desviando el último carril de entrada a la ciudad entre las naves de La Vega, convocó en la fábrica a los ingenieros de Defensa, para que viesen in situ como había espacio para reducir el impacto de la circulación sobre los muros de la iglesia prerrománica y conducir un tráfico que llegará ya calmado de las nuevas rotondas al nuevo viario de la fábrica.

Lo de la carretera entre las naves no fue el único problema de las negociaciones. La edificabilidad con la que se financia la operación para que el Ayuntamiento no tenga que hacer frente a una compra de más de 40 millones también fue motivo de mucha disputa. En ese momento, hubo muchos tiras y aflojas, exigencias de Defensa de absoluta discreción, política de filtraciones cero, y los fontaneros que intentaron ajustar toda la maquinaria para que el invento no saltara por los aires fueron el vicepresidente Juan Cofiño y el teniente de alcalde Nacho Cuesta. Cada uno hablaba con Defensa, con frecuencia a través del coronel Juan Luis González. Y luego, ante cada nuevo giro de guion, se llamaban e improvisaban una reunión a medio camino entre Presidencia y el Ayuntamiento para negociarlo cara a cara. Fueron reuniones a mediodía en las últimas mesas del salón de té del Rialto, algún desayuno en la Mallorquina, donde se incluyó la vivienda protegida, se rebajaron algunos números, se compensaron otros, donde se hizo el encaje fino. Y lo fue tanto que al final, tras otra reunión presencial en mayo en la que los militares presentaron un borrador muy completo, a punto estuvo de convertirse directamente en un convenio. De la versión final del documento, por la parte municipal, se encargó el otro director general, Jorge Mier, de Urbanismo. Había mucho trabajo adelantado, pero jurídicamente esa fórmula habría obligado a otra tramitación, más retrasos, y había ganas de escenificar cuanto antes ese "acuerdo posible", como dijo el viernes Barbón. Lo tendrán que hacer ahora, con más presión y menos tiempo, pero con el dibujo muy encarrilado.

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