Oviedo, Defensa y el Principado, dispuestos a firmar el convenio de La Vega en enero

En el próximo mes de enero, después de 167 años, buena parte de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega volverá a manos municipales. Esa es, la menos, la previsión y el objetivo en el que trabajan a marchas forzadas el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y el Principado de Asturias. Todos quieren que la firma del convenio urbanístico entre las tres administraciones, el siguiente paso tras el protocolo suscrito en verano, se produzca en el mes de enero, lo más alejado posible del calendario electoral.

Para lograr sentarse a firmar ese convenido definitivo, que a diferencia del protocolo supone ya obligaciones vinculantes para las administraciones involucradas, hacía falta despejar algunas dudas sobre los términos del acuerdo, pero el escaso plazo del que disponen para renegociar y buscar opciones alternativas ha orientado el devenir de las conversaciones y el trabajo previo hacia otro horizonte. Según ha podido saber este periódico, Defensa, Ayuntamiento y Principado han optado por sacrificar la rigidez de los términos del convenio allí donde todavía había dudas en aras de adelantar la firma y dejar sellada, al menos, la renovación urbanística de todo el ámbito, aunque algunos flecos queden en el aire.

En ese contexto, los aprovechamientos urbanísticos que Defensa obtiene en la operación y que la financian en su mayor parte (aparte de una cantidad de cerca de 10 millones de euros que abonarán Ayuntamiento y Principado) han sido una de las piezas que más quebraderos de cabeza está dando. La solución en la que ya se está trabajando consiste en dejar la puerta abierta en el convenio a que esos suelos que recibe el Ministerio de Defensa puedan estar en otros ámbitos distintos al del recinto fabril.

En el protocolo firmado en verano se especificaba todo el suelo edificable de uso residencial de nueva construcción que se generaba en la parcela con la demolición de edificios, principalmente los chalés de la Tenderina. En esa área, según otro punto del protocolo, se fijaba una edificabilidad residencial de 100.000 metros cuadrados, el 30% destinado a vivienda protegida, en compra o en alquiler y el 70% restante, a vivienda libre.

La imposibilidad de concentrar toda esa cantidad de pisos en una pequeña parte del terreno de la fábrica, aproximadamente solo el 25% de la parcela, había llevado a proyectar lo que el protocolo denominaba "una edificación de altura y arquitectura singular que deberá constituir un referente urbanístico en el entorno", pieza que el Alcalde Canteli bautizó como "la torre de Asturias". El rascacielos fue, casi desde el principio, uno de los aspectos más polémicos de la operación, y ante el que el Principado mostró muchas dudas. La semana pasada el propio edil de Urbanismo, Nacho Cuesta, manifestó que esa torre no era un elemento "esencial" ni "definitorio" del acuerdo. Según fuentes conocedoras de la operación, desde las administraciones local y regional se han puesto a buscar soluciones que permitan cambiar la edificabilidad prevista en La Vega por otra en otros terrenos. Aunque una de las posibilidades con las que se ha trabajado en las últimas semanas, según han confirmado diversas fuentes, era trasladar parte de esos pisos a los terrenos que el Principado tiene en el viejo hospital, pendiente ahora de una nueva ordenación después de fracasar el anterior proyecto, los técnicos han descartado esa solución. El hecho de que la titularidad sea regional, y no local, y que en el acuerdo urbanístico de La Vega sea el Ayuntamiento el que recibe el 75% de la fábrica, complicaba los pasos a seguir.

Al final, con el objetivo de que no se retrasara la firma del convenio pero que tampoco se hipotecara una futura solución para rebajar la edificabilidad en el ámbito y sacar de allí la torre, el convenio se orientará a una formulación laxa que ubique los aprovechamientos urbanísticos "principalmente" en La Vega, pero que cite expresamente la posibilidad de completar esos 100.000 metros cuadrados en otras parcelas del municipio.

Las catas y los tiempos

Despejada con ese factor de ambigüedad la problemática de los pisos y la torre, las administraciones se enfrentan ahora a otro problema. El protocolo señalaba también entre las obligaciones del Ayuntamiento de Oviedo la de "realizar los estudios arqueológicos necesarios para intentar garantizar desde el punto de vista patrimonial la viabilidad del plan de actuación", pero esos trabajos se están retrasando. Su ejecución exige el visto bueno de los servicios regionales de Patrimonio y del Ministerio de Cultura y la previsión es que la recogida de muestras y los resultados se retrasen más allá de las primeras semanas del año. Para evitar aplazar la firma del convenio, se estudia introducir una cláusula que condicione la validez de los acuerdos y el desarrollo de la operación a lo que las catas arqueológicas puedan descubrir en la zona. Distintos estudios apuntan a que en el entorno de Santullano pudo haber un conjunto palatino del rey Alfonso II sobre cuyos restos podría haberse levantado en el siglo XII el monasterio de Santa María de La Vega.

Con todas esas salvaguardas y condicionantes, las tres administraciones confían en poder armar un convenio que satisfaga a todos, se pueda firmar rápido (antes de que finalice enero) y que deje asegurado el inicio de la transformación urbanística de la fábrica y su paso a manos municipales. Técnicos de uno y otro lado mantendrán a finales de este mes una reunión en Madrid para tratar de dejar listo el convenido en esos términos.

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