Canteli lleva la batalla legal por mantener la Escuela de Minas en Oviedo a los órganos universitarios nacionales

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli acaba de dar los primeros pasos en la batalla legal con la que pretenden impedir la supresión de la Escuela de Minas y el traslado de estos estudios a Mieres con la presentación de sendos escritos dirigidos a la Aneca, el órgano nacional encargado de validar los títulos universitarios, y al Consejo de Universidades, que también debe informar sobre las modificaciones planteadas en el plan estratégico del rector Ignacio Villaverde. En ellos el Ayuntamiento alerta de defectos formales que, aparentemente, matiza, deberían llevar a tumbar los planes de la Universidad de Oviedo. Además, el Ayuntamiento también ha mandado otros dos escritos, estos dirigidos a la Universidad de Oviedo, para personarse en sendos expedientes de supresión de la Escuela de Minas y de modificación de los estudios. En ellos, aporta jurisprudencia para ser considerados Administración interesada y poder tener acceso a los expedientes en marcha.

Todo este despliegue legal es más una acción preventiva, explica el teniente de alcalde Nacho Cuesta, que es quien firma todos los escritos. Cuesta aclara que el Ayuntamiento «se ha tomado su tiempo» junto al equipo de abogados de Ontier contratado para la batalla de Minas, puesto que «por ahora no hay ningún acto administrativo que pueda ser recurrido».

En ese sentido, y no tratándose de un contencioso-administrativo, sino de una incursión en la vía administrativa, no es el equipo de Ontier el que protagoniza la acción, sino el propio Nacho Cuesta, que previamente ha requerido un informe favorable de abogacía consistorial para dar este paso.

Defectos formales

La estrategia del Ayuntamiento de Oviedo pasa también por multiplicar los frentes y tratar de entorpecer el proceso del traslado de los estudios desde las instancias que tienen que darlo de paso. Así, en los escritos dirigidos a la Aneca y al Consejo de Universidades, el Ayuntamiento plantea dos posibles defectos formales –con la prevención expresa de no haber podido ver aún los expedientes–. Uno, muy repetido a lo largo del curso, es la ausencia de una memoria justificativa previa a la modificación de los títulos, tal y como exige el artículo 17.2.d) del decreto de enseñanzas universitarias del Principado. El otro es que la Universidad plantea el traslado a Mieres dentro de una «modificación sustancial de los planes de estudios impartidos en centros universitarios acreditados», tal y como consta en el real decreto 822/2021, mientras que el Ayuntamiento entiende que lo que se ha diseñado no encaja en ese marco, puesto que contempla «la supresión de dichos planes» o, al menos, «una modificación de tal calado que supone su desnaturalización y su conformación esencial como nuevos planes de estudio». De confirmarse ese planteamiento, alerta el Ayuntamiento, si la Aneca y el Consejo de Universidades dan el visto bueno a los planes de Villaverde estarían aprobando actos que serían «nulos de pleno derecho».

Más complejo resulta el argumentario del que el Ayuntamiento echa mano para demostrar que son parte interesada en los expedientes de la Universidad para suprimir la Escuela de Minas y para modificar los títulos. Aunque la Administración local no tienen ninguna competencia en la gestión de los estudios universitarios, Oviedo alega, en primer lugar, que «privar a la ciudad de Oviedo de la Escuela de Ingeniería de Minas ocasionaría un claro y manifiesto perjuicio a la ciudad» y también al Ayuntamiento, que «participó activamente en la creación y puesta en marcha» del centro. Invoca, pues, el equipo de Canteli haber participado en la fundación de Minas, «aportando en su momento una parte significativa de la financiación», y que lo hizo «en beneficio de la ciudad», como «así efectivamente ha sido durante más de 60 años, en los que la Escuela se ha convertido en emblema y seña de identidad de la ciudad, así como en una parte inescindible de su historia».

La vinculación entre la ciudad y la Escuela da pie al Ayuntamiento para apelar al interés legítimo para ser interesado partiendo de la doctrina constitucional que, explica el escrito, «entiende que existirá legitimación activa cuando quien formula la pretensión puede obtener con ello un beneficio, interpretado este en sentido amplio, más allá de una mera ventaja de contenido patrimonial». Se trata, incluso, de «beneficios morales, de vecindad, competitivos o profesionales; además de los personales o individuales, los colectivos y los difusos». Para rematar esta argumentación, el escrito cita una sentencia en la que el TSJ de Aragón admite que existe legitimación activa de una Administración local ante una decisión en materia de ordenación universitaria por la repercusión que esta decisión tiene en el desarrollo de la ciudad.

Por último, Oviedo apela también al principio de lealtad institucional tal y como se contempla en el régimen jurídico del sector público para ser tenida en cuenta y poder tener acceso a toda la información de los planes referidos a Minas.

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