La Vega dispondrá de mil viviendas de alquiler social y a precio asequible

El Ministerio de Transporte adquirirá los terrenos a Defensa dentro del plan para facilitar el acceso a un piso a jóvenes y familias vulnerables

La Vega dispondrá de mil viviendas de alquiler social y a precio asequible

La Vega dispondrá de mil viviendas de alquiler social y a precio asequible

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comprará al Ministerio de Defensa los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega para edificar en ellos 1.000 viviendas de alquiler social y asequible. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la medida se encuadra en el plan impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para construir alrededor de 20.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles en 36 municipios de toda España, recuperando para ello terrenos de Defensa. El proyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que encargó al Ministerio de Transportes, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES) la adquisición de los terrenos a Defensa, para lo que se estima un presupuesto de 514,3 millones de euros (sin IVA).

La noticia fue recibida con entusiasmo por el presidente del Principado, Adrián Barbón, que aseguró que, si bien aún está a expensas de recibir todos los detalles de la operación por parte del Gobierno central, esta transferencia de terrenos de Defensa a Transportes "demuestra que es cierto lo que veníamos diciendo siempre, que Defensa no podía regalar ni ceder los terrenos. Decían que era falso y ahora resulta que se venden esos terrenos".

Esas críticas a las que alude el presidente llegaron principalmente desde la oposición municipal, incluido el PSOE local, y del colectivo "Salvemos La Vega". El exalcalde y actual portavoz municipal, Wenceslao López, llegó a afirmar que el convenio de La Vega "es lesivo" para los intereses de Oviedo.

Barbón señaló además que, si bien aún no tiene todos los detalles del acuerdo, "parece que los elementos del convenio (de La Vega) se mantendrían con la salvedad de que la vivienda, en vez de ser vivienda de promoción privada, sería vivienda de promoción pública".

Esta es precisamente la clave del proyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que conecta con el llamado Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (PVAA). En total, el Ministerio de Transportes adquirirá 50 terrenos en 36 municipios de toda España, localizados en 14 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

Los terrenos que el Ministerio de Transportes adquirirá a Defensa son de dos tipos. Por un lado, aquellos terrenos que ya están listos para edificar, un total de trece, que permitirán construir 2.376 viviendas. Por otro, están los otros 37 suelos, el grueso de la propuesta, que están pendientes de algún tipo de operación urbanística para permitir la edificación. En estos terrenos, entre los que se engloban los de la antigua fábrica de armas de La Vega, se desarrollarán en toda España hasta un máximo de 17.500 viviendas. La de La Vega es la tercera operación más importante del plan en volumen de viviendas, tras las de los terrenos de La Dehesa de San Jorge, en Madrid, donde se desarrollarán 10.500 viviendas, y la del acuartelamiento de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, donde se edificarán otras 1.600.

Llaneza se desmarca de la FSA y augura nuevo plan para La Vega: "El protocolo está muerto"

Todos estos pisos que se van a desarrollar en el marco del PVAA irán destinadas al alquiler social y a precio asequible, como oferta a "personas o unidades de convivencia con ingresos limitados que encuentran en el mercado del alquiler actual serias dificultades para acceder a una vivienda digna", incluyendo a la población en situación de vulnerabilidad sobrevenida o a los jóvenes. En una reciente revisión, se incluyó también como posibles beneficiarios a "personas con ingresos limitados que contribuyan al equilibrio territorial y/o al Reto Demográfico", con el fin de fomentar un asentamiento de población.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tuvo conocimiento de la decisión del Gobierno central por boca del propio Adrián Barbón, que llamó personalmente al regidor ovetense para informarle del acuerdo del Consejo de Ministros. La medida fue recibida con satisfacción por parte del Gobierno local, ya que se entiende que esta transferencia de los terrenos no afecta al convenio. No obstante, el Ejecutivo guarda un cauto silencio hasta tener toda la información.

Entre los otros grupos de la Corporación, en cambio, el acuerdo del Consejo de Ministros y la entrada del Ministerio de Transportes en la ecuación ha propiciado nuevas críticas al llamado "protocolo de La Vega", el acuerdo a tres bandas que, en su momento, formalizaron el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. El más explícito, curiosamente, fue el candidato socialista a la alcaldía de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, quien, en una comparecencia ante la propia fábrica de armas, aseguró: "el protocolo está muerto".

"Uno de los interlocutores era el Ministerio de Defensa, y eso cambia el paradigma del protocolo", ahondó Llaneza, "si el Ministerio de Vivienda compra esos terrenos, Defensa poco tiene que decir". En su argumentación, el candidato socialista incluso puso en tela de juicio que vayan a salir 1.000 viviendas de La Vega, aunque esa es la estimación oficial que da el Ministerio de Transportes: "No podemos hablar de 1.000 ni de 400, eso habría que definirlo en el desarrollo del nuevo plan".

Fernández Llaneza afirmó que el anuncio del Gobierno central es "muy relevante" y que, con esta decisión, se ofrece "una posibilidad de futuro para Oviedo". "Hoy hemos salvado La Vega", afirmó Llaneza, quien otorgó todo el mérito por este éxito "al Gobierno de España" que preside el socialista Pedro Sánchez. Además, el candidato del PSOE a la alcaldía de Oviedo insistió en que el Gobierno local que salga de las urnas el próximo 28 de mayo "tendrá mucho que decir" en el futuro de La Vega, "tendrá la oportunidad de hacer un nuevo desarrollo de todo el urbanismo en torno a La Vega y darle esa oportunidad de futuro".

Somos y Vox tachan el anuncio de «electoralista» y Ciudadanos dice que "nos vendían humo"

El resto de grupos de la oposición fueron igualmente duros con el anuncio. La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, achacó una finalidad electoralista al anuncio del Gobierno central y afirmó que, en todo caso, su partido no apoya tampoco la propuesta de integrar la antigua fábrica de armas en el PVAA. "No estamos de acuerdo con construir 1.000 viviendas en la Vega, supuestamente públicas. Rompe un conjunto industrial de alto valor patrimonial e histórico. Oviedo tiene 20.000 viviendas vacías y la estrategia en materia de vivienda debe ir en la línea de aprovechar los pisos de las Sareb, cumplir la ley de vivienda, topar las hipotecas, además de hacer un parque público de vivienda en alquiler", afirma Taboada. La portavoz de Somos recuerda además que " ya teníamos una promoción de vivienda pública planificada en los terrenos del viejo hospital donde el 50% de la que se iba a construir iba a ser pública y protegida; no necesitamos blanquear la operación de la Vega como está intentando hacer Pedro Sánchez enfrascado en su propia campaña electoral".

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, aseguró tras conocer la noticia que "se nos ha estado tomando el pelo durante bastante tiempo, hablándonos de que el convenio ya estaba y que habían regresado con él bajo el brazo, que solamente faltaban unos flecos, pero, de repente, aparece esto". Por ello, Pacho afirma que "nos estaban vendiendo humo" y asegura no confiar "ni en Canteli ni en el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta".

Por su parte, Cristina Coto, portavoz de Vox, afirmó que con este anuncio "sigue el culebrón de La Vega" y que "el tufillo electoral es obvio pero en todo caso las competencias en materia de revisión urbanística son del Ayuntamiento". "Es evidente que Canteli firmará lo que le manden", añade Coto, "pero que no olvide que el futuro principal de La Vega es priorizar la instalación de empresas, lo que más necesita Oviedo".

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Vicente Montes

La decisión de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que tiene las competencias de Vivienda) asuma la parte inmobiliaria de la operación de La Vega no afecta a lo acordado hasta ahora entre las tres administraciones vinculadas por los terrenos de la antigua fábrica de armas: el Ministerio de Defensa, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo. Al menos así lo entiende el Principado. Únicamente modificará lo relativo a la parte residencial, pero en principio los actores mantienen lo plasmado en el convenio de la operación urbanística, que aún no ha sido ratificado por el Pleno municipal: un reparto de suelo para distintos usos, la adquisición de una de las naves por el Principado y que, salvo la de Cañones, el resto de las naves principales quedarán en manos del Ayuntamiento.

Para el Principado nada cambia salvo el hecho de que la entrada del Ministerio de Transportes "mejora de manera significativa el acuerdo" al garantizar que la parte inmobiliaria mantendrá una orientación pública, lo que aleja cualquier sospecha de "pelotazo". La diferencia estriba en que, hasta ahora, el convenio establecía que el Ministerio de Defensa compensaba la cesión del terreno con una revalorización de parte del suelo que podía destinar a promociones privadas de vivienda. Ahora, ese suelo será gestionado por el ministerio titular de las competencias en la materia, con el objetivo de dedicarlo a pisos en alquiler, apartamentos para estudiantes o investigadores, o residencias con algún tipo de protección pública. "Cómo se distribuye eso será algo que se determinará posteriormente", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

Por tanto, jurídicamente, el protocolo continuará su camino después de las elecciones y deberá ser el gobierno municipal que resulte de las urnas del 28 de mayo quien decida si ratifica el convenio urbanístico en los términos actuales, con la salvaguarda de que el actor correspondiente al Ministerio de Defensa acabará siendo representado por el Ministerio de Transportes.

El Principado considera que este cambio "mejora el convenio", pero no afecta a los acuerdos que corresponden a la administración autonómica. La última palabra será la del titular de las competencias urbanísticas: el Ayuntamiento.

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