Polémica con el cambio de nombre del Colegio de Abogados de Oviedo: esto es lo que ha decidido la actual Junta de Gobierno

El clima de polémica que se vive en el Colegio de Abogados de Oviedo ha servido para dejar aparcada una de las cuestiones que más controversia ha creado en los últimos años entre los letrados adscritos a la entidad: el posible cambio de nombre del órgano por el de Colegio de la Abogacía de Oviedo, una modificación que fue rechazada en el año 2018 y que en su momento ya generó bastantes diferencias en el gremio. Los abogados estaban llamados a votar a favor o en contra de esa modificación durante la asamblea general convocada para el pasado día 17 de mayo, pero ese día se destapó la caja de los truenos y la Junta de Gobierno se vio obligada a suspender la reunión en medio de un mar de quejas y reproches por parte de algunas facciones críticas con el equipo que preside el decano Luis Carlos Albo.

El posible cambio de nombre del Colegio de Abogados iba a votarse en el mismo "paquete" que otro aspecto importante para la entidad, la adaptación al Estatuto General de la Abogacía. Esa decisión, entre otras cosas, fue lo que llevó a los críticos a reventar la asamblea. Criticaban que no se pudiese votar por separado la aprobación de los nuevos estatutos y el cambio de nombre. Al salir de la asamblea, uno de los opositores al equipo de Luis Carlos Albo ponía un ejemplo gráfico. "Es como si te obligan a votar una bajada de impuestos al mismo tiempo que la Ley del Aborto. Evidentemente, se pueden tener dos posturas diferentes", decía esa mañana. Pero ahora, tras la anulación de esa asamblea, lo cierto es que ni están aprobados los estatutos ni los abogados han podido decidir si quieren cambiarle el nombre al órgano que les representa.

Lo único que se ha sacado en claro estas semanas, en medio de la polémica, es que las elecciones a decano están convocadas para el próximo día 29 de junio y que hay al menos tres candidaturas que van a postularse para ocupar el cargo de Luis Carlos Albo, que no va a presentarse a la reelección. También es evidente que será el nuevo equipo directivo el que tendrá que ocuparse de llevar a cabo la adaptación al Estatuto General de la Abogacía y de decidir se va a plantear el debate sobre el cambio de nombre de la entidad. "El trabajo ya está hecho. Había un año de plazo para adaptarse y ya se ha cumplido, pero eso no acarrea sanción", señalan fuentes de la actual Junta de Gobierno.

Censo electoral

Por otro lado, uno de los candidatos al cargo de decano, el letrado Carlos Cima presentó una queja formal porque desde el Colegio se le había entregado un censo con datos erróneos de los abogados adscritos. "Los teléfonos y los correos electrónicos estaban mal y así no podemos desarrollar nuestra campaña correctamente", dice.