La impunidad de los saqueadores del viejo HUCA de Oviedo: el Principado solo puso una denuncia por los robos en el complejo

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, desveló este martes en el Pleno de la Junta General del Principado que el ejecutivo autonómico denunció en una sola ocasión los constantes saqueos producidos, especialmente en los últimos tres años, en el otrora centro sanitario de referencia asturiana. Peláez asumió «parte de responsabilidad» en el actual estado del complejo, pero vaticinó que los terrenos pasarán «de ser un problema a una oportunidad», cuando se concluyan dentro de un año los derribos del antiguo Hospital General, adjudicados a la empresa Hercal Diggers por 4,3 millones de euros.

Peláez respondió a las preguntas formuladas por el diputado popular José Cuervas-Mons sobre la falta de supervisión regional en los terrenos, afirmando que además de realizar una denuncia formal sobre los saqueos, el Principado también hizo siete requerimientos policiales que terminaron con cuatro detenciones. Una versión que matiza la dada por fuentes policiales a este periódico el pasado febrero, cuando estas aseguraron que ni el Principado ni la Tesorería de la Seguridad Social habían presentado denuncia alguna sobre los robos perpetrados en sus edificios del Cristo.

Aclarado esto, Peláez centro su discurso en explicar las actuaciones del gobierno de Adrián Barbón en este espacio. Defendió que, además de adjudicar los derribos, el Principado ha intermediado para conseguir la cesión a la Universidad de Oviedo de los antiguos edificios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas, además de buscar una solución junto al Ayuntamiento para que la Tesorería derribe la antigua Residencia. «Trabajamos activamente para que las parcelas en las que estaba ubicado el antiguo complejo hospitalario sean no un problema, sino una oportunidad para toda la ciudad y para toda Asturias», sostuvo el consejero.

En cuanto a los derribos, el dirigente explicó que la próxima semana se comenzará la fase de limpieza externa de los viales y edificios, a la que seguirán los trabajos para la retirada de amianto. También puntualizó que el contrato hace una valoración de todos los residuos férricos y de otro tipo que puedan tener un valor posterior. El Principado cuantifica en 1,1 millones el valor de esos materiales, incentivando a la empresa a reciclar la mayor cantidad posible con una cláusula que establece que si el dinero recaudado supera esa cifra será para la empresa y si no lo alcanza la compañía deberá de abonar la diferencia.

Las explicaciones de Peláez no convencieron a Cuervas-Mons, que acusó a la administración regional de hacer las cosas «tarde y mal» y de no supervisar los terrenos como se debería. «Se ha gastado ocho millones en seguridad para nada. Solo para que el complejo sea objeto de robos de una mafia saqueadora organizada», denunció el popular. n