La Zona de Bajas Emisiones Oviedo tendrá «mínimo impacto» para las empresas, dice el Ayuntamiento

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo, llamada a transformar la movilidad en el centro urbano a partir del próximo 1 de enero, avanza acompañada de un amplio catálogo de excepciones dirigido «a minimizar su impacto» entre los sectores productivos. Ese fue el mensaje que el edil de Movilidad, Nacho Cuesta, trasladó a los representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en una reunión que forma parte de la ronda informativa que el Ayuntamiento está manteniendo con colectivos sociales y económicos para explicar la nueva norma.

El responsable municipal detalló a los empresarios que la filosofía de la ZBE ovetense pasa por articular un «equilibrio imprescindible» entre la protección ambiental y la actividad cotidiana del centro, abriendo la mano a numerosas casuísticas para permitir el acceso de vehículos sin distintivo medioambiental cuando existan motivos justificados. El Ayuntamiento insiste en que la nueva regulación «no afectará ni a quienes vivan aquí ni a quienes trabajen aquí» y recuerda que solo el 9,8% de los turismos que circulan por Oviedo carecen de etiqueta.

La piedra angular del sistema será una plataforma municipal que comenzará a funcionar antes de final de año y que permitirá solicitar, validar y renovar las autorizaciones temporales. Esta herramienta aspira a gestionar con orden un «flujo incesante» de solicitudes y ofrecer, en palabras de Cuesta, «todas las facilidades del mundo» a vecinos, empresas y profesionales. El permiso será automático en varios casos, pero en otros requerirá el uso de la plataforma para justificar el acceso.

Entre las excepciones más relevantes para el tejido empresarial figura la autorización al transporte de mercancías y a los sectores profesionales que necesiten entrar en el perímetro restringido para desarrollar su actividad. Transportistas y autónomos con vehículos sin distintivo medioambiental podrán seguir circulando hasta el 1 de enero de 2031 siempre que los automóviles hayan sido adquiridos antes de 2026, una moratoria prolongada que pretende garantizar que su actividad se va afectada por la medida.

También quedan exentos los vehículos vinculados a obras autorizadas o a talleres mecánicos que necesiten mover automóviles en reparación; en ambos casos será necesario tramitar permisos específicos, continuos o puntuales, según el tipo de intervención. Una situación similar se dará con los vehículos extranjeros, que debenn registrarse y obtener autorizaciones por un máximo de seis meses.

La ordenanza contempla, además, excepciones para clientes de garajes públicos y hoteles, que podrán acceder sin restricciones siempre que entren al aparcamiento en un máximo de quince minutos desde su llegada al anillo interior, un control que se hará cruzando las matrículas captadas por las cámaras. Otros grupos con acceso asegurado son los propietarios de plazas de garaje —incluso con vehículos anteriores a 2006 en gasolina o 2000 en diésel—, las personas con movilidad reducida, los servicios esenciales y los vehículos históricos o adaptados para usos singulares.