Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16, pero no tener la nueva etiqueta: la Policía vigila a todos los coches que entran en la capital asturiana

La baliza de emergencia V-16 es obligatoria para todos los vehículos en caso de avería o accidente desde el 1 de enero. No llevarla o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, la misma que para los antiguos triángulos, según ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pero no es la única multa que podemos recibir y con cuantías aún mayores. Todos los conductores están obligados también a llevar el chaleco reflectante. Carecer de él o no ponerlo en caso de avería puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros.

A ello hay que sumar tres documentos que todo conductor debe llevar, y estar en vigor: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). No llevar el permiso de circulación conlleva una multa de 10 euros, pero no tener la autorización para circular acarrea una sanción de hasta 500 euros. Algo parecido pasa con la tarjeta de ITV. No llevarla se multa con 10 euros, pero tenerla caducada se traduce en una sanción de 200 euros.

También desde el 1 de enero está funcionando la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo. Con ello, se les exige a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial. 

El acceso, la circulación y el estacionamiento establecidas en las ZBE sin cumplir con la normativa se considerará como una infracción grave castigada con 200 euros. Estos datos hacen que la empresa Doymo cifre en 365.000 euros el dinero que recaude el Ayuntamiento en sanciones hasta 2028. Datos que contrastan con los gastos. El mantenimiento de las 52 cámaras para leer matrículas que accedan –y salgan– de la Zona de Bajas Emisiones así como la gestión tendrá un coste de medio millón de euros al año. Cantidad que se espera invertir a partir de 2027 porque durante los diferentes equipos tendrán un año de garantía.