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El PP predice que las nuevas oficinas judiciales no tienen espacio en Llamaquique: "El Principado es responsable de que no haya espacio"

El diputado Manuel Cifuentes critica al Principado por el retraso en la creación de las "macrooficinas judiciales"

El diputado regional Manuel Cifuentes

El diputado regional Manuel Cifuentes / Rosalía Agudín

"El responsable de dotar espacios para la justicia es el gobierno regional". El diputado del Partido Popular Manuel Cifuentes predijo este jueves que la situación de la administración judicial se agravará en las próximas semanas. La ley de modernización obliga a la creación de unas "macrooficinas judiciales" que provocará el traslado de tres juzgados ubicados en tres dependencias al edificio de Telefónica y el Palacio de Justicia, ambas en Llamaquique. En concreto, cincuenta funcionarios de Vigilancia Penitenciaria, ubicado en la actualidad en La Corredoria, los de Primera Instancia número 10 y 11 de la calle Rosal y el de Primera Instancia 12 de la avenida Pedro Masaveu harán la mudanza en los próximos días agravando los problemas de espacio que sufren los funcionarios.

Una situación que provocó que hace una semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Chamorro, volviese a insistir en la cesión de la facultad de Ciencias para mejorar la situación de los funcionarios. Sin embargo, el rector no está dispuesto a llevar a los profesores, alumnos y el resto de trabajadores a una sede provisional y solo pone el foco en el futuro campus B de El Cristo que se construirá en los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosas del viejo HUCA. La inauguración de la nueva sede se espera en 2031.

A pesar de estas tiranteces, Cifuentes tiene claro que el único culpable de esta situación es el Principado. "Tanto el TSJA como la Universidad cumplen su labor de defender a sus instituciones; el que no es está cumpliendo con su labor es el Principado". En sus declaraciones ante los medios de comunicación, recordó que hace casi dos décadas que la justicia viene reclamando la unificación de sedes en Oviedo, pero los gobiernos socialistas han presentado planes que no se cumplieron". Además, remarca que el Principado sabe desde hace un año que tenía que poner en marcha las oficinas judiciales el 31 de diciembre de 2025. "La resolución de la consejería para ponerla en marcha está fechada el 16 de diciembre, quince días antes de la fecha fijada. El consejero sabía que llegaba tarde y el día 22 pidió una prórroga al ministerio que le fue concedida hasta el 15 de febrero. No sabremos si llegarán a tiempo".

Quienes sí se ajustaron al calendario, subrayó, son los órganos de gobierno, coordinación y dirección del TSJA como los letrados de administracióm de justicia. "Estuvieron todo el año trabajando muy duro para preparar todos los organigramas de las oficinas judiciales para que estuviesen listas a tiempo en diciembre, pero este trabajo no vino aocmpañado de la labor del gobierno".

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