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Los cambios en el PGO de Oviedo aspiran a allanar el desarrollo de suelos para crear hasta 13.500 viviendas

La revisión encargada por Nacho Cuesta facilitará el crecimiento de La Corredoria, la Tenderina y Ciudad Naranco para abaratar los alquileres

Una vista aérea de La Corredoria.  | IRMA COLLÍN

Una vista aérea de La Corredoria. | IRMA COLLÍN

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Oviedo

"Desarrollar suelo para construir el mayor número de viviendas, aumentando con ello la oferta y contribuir a reducir drásticamente los precios, permitiendo el acceso al mercado, de compra o alquiler, de mucha gente que ahora no puede". Así resume el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, el espíritu con el que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli acaba de retomar la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) licitando su redacción. Según los cálculos de los técnicos, actualizar la normativa para hacer más viables las inversiones de los promotores incentivará desarrollar suelos con condiciones para acoger más de 13.500 viviendas nuevas, acabando con trabas que lastran el crecimiento de zonas como Ciudad Naranco, La Corredoria, La Tenderina o San Claudio.

La clave es desbloquear suelo capaz de activar más de 5.000 viviendas en ámbitos urbanos hoy atascados y reordenar 48 bolsas de suelo urbanizable de las que solo cinco han culminado su desarrollo. No se trata ya de crecer por crecer, sino de hacer viables sectores que llevan años en punto muerto, a los que habría que sumar un máximo de 8.500 viviendas protegidas.

El diagnóstico parte de un plan concebido en plena euforia inmobiliaria, cuando "todo se desarrollaba y todo se vendía". Aquel escenario permitió dibujar 136 Unidades de Gestión (UG), muchas heredadas de 1986, como piezas llamadas a completar la ciudad consolidada. Hoy, una cuarta parte no ha iniciado trámite alguno. Son vacíos enquistados por su complejidad parcelaria, sus cargas o sus preexistencias, insertos en barrios que ya funcionan pero arrastran cicatrices urbanas.

Entre los puntos de especial atención aparecen Almacenes Industriales, Postigo Alto, San Juan en La Corredoria o Las Segadas. Espacios degradados o infrautilizados cuya transformación tendría un efecto directo en el entorno inmediato. La revisión deberá ajustar parámetros de edificabilidad, dotaciones y cargas para hacerlos económicamente viables. Con los estándares actuales, el desarrollo conjunto de UG y Planes Especiales podría incorporar al mercado más de 5.000 viviendas y regenerar tramas deterioradas.

En paralelo, el plan delimita 34 Planes Especiales, cinco de ellos sin ningún trámite iniciado. El ejemplo más visible es Nuevo Ciudad Naranco, pero también la Tenderina evidencia el desfase entre planeamiento aprobado y ejecución real. Son ámbitos extensos, con numerosas preexistencias, donde la seguridad jurídica y la simplificación de procedimientos se consideran determinantes para atraer inversión.

La brecha es todavía mayor en el suelo urbanizable. De 48 sectores previstos, solo cinco han completado su urbanización: poco más del 10% de lo proyectado en 2006. La revisión pretende recalibrar delimitaciones y aprovechamientos para acompasarlos a la demanda real y a los costes actuales de urbanización, que se han disparado en materiales, mano de obra y honorarios técnicos.

Especial mención merecen los 15 sectores prioritarios destinados íntegramente a vivienda protegida, seis de ellos en San Claudio. Ninguno ha culminado su gestión. Sobre el papel, su desarrollo permitiría construir alrededor de 8.500 viviendas protegidas. "El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, con una oferta claramente insuficiente que ha hecho disparar los precios", advierte Cuesta, que condiciona el despegue de estos ámbitos a la actualización de los módulos por parte del Principado para evitar promociones inviables.

La tramitación ambiental global de la revisión permitirá que los Estudios de Detalle en suelos urbanos no consolidados no deban someterse a evaluaciones individuales, acortando plazos. Además, la adaptación a la normativa estatal y autonómica posterior a 2006 y el ajuste a la cartografía municipal georreferenciada reforzarán la seguridad jurídica y reducirán conflictos con otras administraciones sectoriales.

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