Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo tenían un "trastorno" generado durante la pandemia que les llevó a aislar a los niños del exterior

El matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos en una casa de Fitoria durante casi cuatro años tenía un "miedo insuperable" a salir a la calle que se generó a consecuencia de la pandemia del covid y de las circunstancias personales que le tocó vivir a la pareja durante la pandemia. Los abogados que defienden a los padres de los niños --dos gemelos que por entonces tenían ocho años y su hermano de diez-- explicaron este miércoles, antes del inicio de la segunda sesión del juicio contra los progenitores, que han aportado una prueba psiquiátrica propia en el juzgado que acredita que los padres desarrollaron un "trastorno mental leve" y "un miedo intenso e irracional al contagio", especialmente después de haber contraído el virus y de haber permanecido enfermos durante bastante tiempo, incluso durante meses.

Ese miedo, según los letrados, les llevó a permanecer encerrados, a evitar cualquier contacto con el exterior y a mantener a sus hijos aislados con el firme convencimiento de que los estaban protegiendo. Además, según los abogados, "la familia es extranjera y no domina el idioma, lo que agravó su situación". Debido a lo duro que les golpeó el covid y al "aislamiento prolongado" al que les llevó el contagio, "tampoco pudieron regularizar su situación administrativa en España", lo que incrementó su temor a salir de casa y a relacionarse con las instituciones y con el resto de la sociedad.

Ese conjunto de circunstancias, siempre según los abogados que representan a los padres, llevó al matrimonio a tomar la decisión de autoconfinarse y vivir de forma aislada, creando una especie de "célula familiar cerrada". En ese contexto también decidieron educar a sus hijos en casa (homeschooling). Las defensas insisten en que esta situación "puede calificarse de anómala o disfuncional, pero no de criminal". Según su tesis, "se trata de un problema asistencial en el que deberían de haber intervenido los servicios sociales", no de un asunto penal.

Situación "totalmente injusta"

Este miércoles es un día clave para llegar al fondo de un caso que conmocionó a todo el país y que llegó incluso a traspasar sus fronteras. A los padres de los niños --un alemán de 53 años y una estadounidense de 48 que también tiene la nacionalidad alemana a raíz de su matrimonio-- les toca declarar en la sección segunda de la Audiencia Provincial para tratar de convencer a la juez titular de que nunca quisieron hacerles daño a sus hijos. Los miembros del matrimonio, que permanecen en prisión preventiva y se enfrentan a penas que suman más de 25 años de cárcel están "devastados" porque consideran que se encuentran en una situación "totalmente injusta" y además hace casi un año que no ven a sus hijos. Según aseguran los letrados, el matrimonio quiere declarar y explicar su historia, especialmente después de escuchar algunas declaraciones de agentes de la policía local que consideran contradictorias.

A los padres de los niños se les imputan tres delitos: detención ilegal, maltrato psicológico y abandono de familia. Sin embargo, las defensas rechazan radicalmente estas acusaciones. Insisten en que el caso no pertenece al ámbito del derecho penal, sino al de la intervención social y la ayuda pública, a través de trabajadores sociales y servicios asistenciales. Los abogados también rechazan la etiqueta de “la casa de los horrores”, calificándola de estigmatizante y alejada de la realidad. Según su versión, lo que existía era "una familia con un comportamiento atípico, pero no delictivo".

Limpios y aseados

Las defensas sostienen que "no existía ninguna detención ilegal", que los niños vivían en casa con sus padres, bajo la autoridad familiar habitual, y "no habían sido sustraídos de ningún lugar ni retenidos por la fuerza". Reconocen que los menores vivían aislados, pero subrayan que, según declararon este martes los propios agentes policiales, "los niños estaban aseados y no presentaban malformaciones ni signos físicos graves, como se había insinuado en algunos lugares". En cuanto a la escolarización, el abogado recuerda que no escolarizar a los hijos en un centro oficial no constituye un delito penal, "aunque pueda ser una infracción administrativa o una conducta socialmente reprochable".

Los abogados consideran que los padres podrían seguir criando a sus hijos, pero "con supervisión y apoyo asistencial", algo que probablemente también expondrán los peritos durante el juicio. Por ello, sostienen que el enfoque adecuado debería haber sido una intervención social, no una actuación penal. De hecho, las defensas consideran que el proceso penal "ha desmembrado a la familia" y que debería haberse optado por protocolos de asistencia social destinados a la reunificación familiar. Según el psiquiatra de la defensa, una posible pena de prisión impediría completamente la reunificación de la familia y dificultaría la recuperación emocional de los menores.

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