El PSOE de Oviedo exige paralizar el proceso de subasta de las plazas del parking de Ferreros

El Grupo Municipal del PSOE ha elevado el tono frente al proceso de adjudicación del aparcamiento de Ferreros. Lo hace con una petición clara y sin rodeos: parar la subasta de inmediato. La iniciativa llega de la mano del concejal Jorge García Monsalve, que ha registrado un ruego al Pleno en el que cuestiona de raíz el modelo elegido por el equipo de Gobierno.

A juicio del edil, el sistema planteado no solo resulta discutible, sino que “favorece claramente a quienes cuentan con mayor capacidad económica”, dejando en una posición de desventaja al resto de vecinos. La crítica va más allá de lo técnico: los socialistas entienden que se rompe el principio de igualdad en el acceso a recursos públicos, convirtiendo un equipamiento municipal en un producto sujeto a la lógica del mejor postor. “Es profundamente injusto”, sostienen.

Desde el PSOE se insiste en que la fórmula no es nueva en su espíritu. Recuerdan que ya en fases anteriores se había deslizado una propuesta similar, basada en la venta en bloque de plazas, que terminó descarrilando por la presión vecinal. Ahora, advierten, se reproduce un esquema que consideran especulativo, aunque con otro envoltorio administrativo.

Y es precisamente ahí donde añaden otra capa de crítica. El proceso, tal y como está diseñado, no es sencillo ni ágil. Más bien al contrario: una documentación que supera las 350 páginas se convierte —según denuncian— en una barrera de entrada. No solo complica la comprensión, sino que puede desanimar a buena parte de las más de 300 personas que habían mostrado interés inicial. “Se levanta un muro burocrático difícil de justificar”, apuntan.

Frente a este escenario, los socialistas no se limitan a la crítica. Proponen un cambio de rumbo. Sobre la mesa, alternativas como la enajenación individual de las plazas o su arrendamiento a largo plazo con precios tasados. La idea, explican, pasa por construir un modelo más equilibrado, donde el acceso no dependa exclusivamente del bolsillo.

El planteamiento incluye, además, introducir criterios objetivos de adjudicación que vayan más allá del precio: priorizar la demanda vecinal, atender a situaciones sociales concretas y garantizar una igualdad real de oportunidades. En definitiva, evitar que un recurso público acabe funcionando con dinámicas excluyentes. Un debate que, lejos de cerrarse, entra ahora en una fase más política que técnica.

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