El PSOE pone en duda las bases para la celebración de grandes conciertos en el Palacio de los Deportes: "Favorecen a quien resulte beneficiario"

El PSOE pone en duda las modificaciones que el PP ha hecho en las bases para la celebración de grandes conciertos y otras actividades culturales en el Palacio de los Deportes. Así lo aseguró este sábado el edil Juan Álvarez Areces quien realizó un análisis de los dos pliegos de condiciones. "Uno de los cambios sustanciales es la reducción de las cargas económicas exigidas a la empresa adjudicataria, una mayor asunción por parte del Ayuntamiento de responsabilidades operativas y técnicas así como modificaciones en el sistema de penalidades y en los criterios de adjudicación, donde se incrementa el peso de los elementos cualitativos frente a los económicos".

Uno de los aspectos más llamativos , argumenta, es "la drástica reducción de la garantía" exigida, que pasa de 362.351,50 euros a 64.526,30 euros. "Mientras que en el pliego inicial se tomaba como referencia el valor total de las obras de rehabilitación del recinto —más de 18 millones de euros—, en la versión modificada se introduce un criterio de prorrateo temporal en función de los días de uso, rebajando de forma notable la cuantía exigida. Se está reinterpretando la normativa para abaratar las condiciones al adjudicatario, cuando la ley es clara: la garantía debe calcularse en función del valor del bien público, no del tiempo de uso", subrayó.

Álvarez Areces también considera que este cambio, junto con el resto de modificaciones, “no solo compromete la adecuada protección de una instalación pública de gran valor, sino que también altera las reglas del juego en el proceso de adjudicación”. En este contexto, recordó que el Alcalde se refirió públicamente a esta licitación como el “contrato del Wizink”, una expresión que, a juicio del edil socialista, “no es en absoluto inocente”. “Cuando el primer edil utiliza ese término, está reconociendo implícitamente que existe un operador concreto en el horizonte y que las condiciones del contrato pueden estar orientadas a encajar con sus intereses”, afirmó.

Para el Grupo Municipal Socialista, este hecho, unido a la rebaja de exigencias económicas y al rediseño de los criterios de adjudicación, “apunta a la posibilidad de que estemos ante un contrato hecho a medida, lo que pondría en cuestión los principios de igualdad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública".

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