Así sufren los jueces el "caos" de las nuevas oficinas judiciales de Oviedo: "Hemos tenido que crear un grupo de WhatsApp para comunicarnos"

“La situación está siendo un caos y va a perjudicar gravemente al ejercicio de la justicia, hasta el punto de que hemos tenido que crear un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos”. Con esta contundencia se expresa María Elena González Álvarez, magistrada titular del juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, que denuncia la desorganización provocada por la puesta en marcha de la nueva oficina judicial: jueces y funcionarios separados en distintas plantas y edificios, sin canales ágiles de coordinación y con expedientes aún sin ubicar.

Las quejas de María Elena González llegan tras la puesta en marcha del nuevo modelo que ha supuesto la unificación de varios juzgados —como los de la calle Rosal (Instancia 10 y 11) y la avenida Pedro Masaveu (Instancia 12)— en las sedes del antiguo edificio de Telefónica y Llamaquique, además de una reorganización interna de cientos de funcionarios para adaptarse a la nueva Ley de Eficiencia. Un cambio que, en la práctica, ha implicado el traslado de cerca del 90 por ciento de la plantilla. "Está siendo caótico", señala la magistrada.

En ese contexto, la jueza describe un funcionamiento interno profundamente alterado. “Los jueces estamos arrinconados. Nos apartaron. Nos quitaron del medio. Estamos aislados”, afirma. Y es que, según sostiene, la nueva distribución ha separado físicamente a magistrados y funcionarios, en muchos casos en distintas plantas e incluso en edificios diferentes.

En su caso, su equipo de tramitación —encargado de señalar juicios— se encuentra “en la planta superior, en el edificio de enfrente”, lo que deriva en una comunicación ineficiente. “O subo yo a hablar con ellos o bajan ellos”, explica. Ante esta falta de coordinación real, reconoce que han tenido que recurrir a soluciones improvisadas: “Lo que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp para comunicarnos”.

Falta de eficiencia

Una medida que evidencia, a su juicio, la falta de planificación de una reforma que, paradójicamente, buscaba ganar eficiencia. “Antes era mucho más ágil. Yo todos los días hacía una ronda en la oficina, hablaba con todos los funcionarios, se planteaban dudas y se resolvían”, recuerda. Ahora, en cambio, cualquier gestión implica desplazamientos constantes. Pero más allá de la organización, la magistrada pone el foco en el desorden con los expedientes, un elemento clave en el funcionamiento judicial. “Todavía hay expedientes metidos en cajas que no llegaron a su destino”, denuncia.

González Álvarez subraya que, pese a la digitalización, el papel sigue siendo fundamental: “Los procedimientos son expedientes digitales, pero hay legajos. Hay papel, todavía el papel se maneja, y mucho”. Ese material, sin embargo, está ahora disperso, dificultando el trabajo diario. La escena es reveladora: “Yo me encuentro en mi despacho con legajos, diciéndoles: bueno, o bajáis a buscarlos o subo yo a llevarlos”. Una dinámica que rompe la fluidez del trabajo y retrasa cualquier gestión. A ello se suma que “hay oficinas con armarios con expedientes de otros juzgados”, lo que aumenta la sensación de descontrol.

Llamadas sin respuesta

El caos no es solo documental. También afecta a la comunicación con los ciudadanos. “Los teléfonos no paran de sonar, pero no hay quien los coja, porque no hay nadie en las oficinas”, explica, debido a los cambios de ubicación y a que muchas dependencias aún no están plenamente operativas.

En paralelo, la magistrada alerta de la falta de personal. “Tengo tres funcionarios. Me quitaron un auxilio”, señala, lo que reduce la capacidad de su juzgado para asumir carga de trabajo. Y advierte de que el problema se agravará en breve: “Los juicios funcionan porque están señalados con anterioridad. Pero lo que se empieza a señalar desde ahora se va a resentir”.

Las consecuencias, insiste, recaerán directamente en los ciudadanos: “Se va a retrasar, habrá procedimientos que se suspendan, porque a lo mejor las citaciones no se hagan correctamente”. Además, muchos funcionarios han sido reubicados en áreas que no dominan, lo que incrementa las disfunciones: “Va a haber carencias”.

Falta de información

La magistrada también critica la falta de información durante todo el proceso. “Nadie nos informó, nadie nos pidió opinión”, lamenta, señalando que los jueces no han participado en una reorganización que afecta directamente a su trabajo. El balance que hace es demoledor, tanto a nivel profesional como personal: “Yo estoy cabreada, deprimida, desolada”. Y lanza una advertencia clara sobre el impacto de esta reforma: “Esto es acabar con la justicia. Puede que cambie con el tiempo, pero ahora es un desastre”.

Con estas declaraciones, la voz de la judicatura se suma al diagnóstico de “caos” ya apuntado por los sindicatos, pero añade un elemento clave: la pérdida de coordinación interna, el descontrol de los expedientes —muchos aún “en cajas”— y el riesgo real de que la justicia se vuelva más lenta e ineficaz para los ciudadanos.

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