El abogado apuñalado en Oviedo el día que tenía un juicio sobre un caso de narcotráfico recibe el alta y la Policía Nacional sigue sin descartar ninguna hipótesis

Fausto Suárez, el abogado ovetense de 69 años apuñalado la pasada semana en su despacho de la avenida de Colón el mismo día que tenía que acudir a un juicio sobre tráfico de drogas con cinco acusados ya ha recibido el alta hospitalaria y permanece recuperándose en su domicilio, según confirmó este viernes el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno Amatriaín, quien aseguró que el letrado continúa colaborando con la investigación judicial abierta para esclarecer lo ocurrido.

“El abogado afortunadamente ya tiene el alta desde esta semana. Está en el domicilio haciendo gestiones con su señoría, con el juzgado de instrucción. Queda alguna diligencia por hacer para esclarecer lo que pasó y la causa del apuñalamiento. Está en el juzgado haciendo gestiones y hasta ahí”, señaló Moreno Amatriaín durante una comparecencia pública.

La investigación sobre el suceso, ocurrido el pasado miércoles cuando el letrado fue hallado herido por arma blanca en su despacho y perdiendo abundante sangre, continúa abierta. La Policía mantiene activas todas las líneas de investigación y evita avanzar hipótesis. Preguntado expresamente sobre la posibilidad de que se tratase de una autolesión, una de las líneas que se han deslizado desde el inicio de las pesquisas, el jefe superior fue tajante: “No podemos decir nada más”.

El caso ha generado una fuerte conmoción en el ámbito judicial y jurídico asturiano, especialmente por las circunstancias que rodeaban al abogado, de 69 años, adscrito al turno de oficio y encargado de asumir la defensa de una de las procesadas en el macrojuicio contra la organización vinculada al narcotraficante Carlos García Morán, conocido como “Matador”.

Precisamente el incidente sirvió de detonante para una protesta sin precedentes del colectivo de abogados del turno de oficio, que esta semana se concentraron ante distintas sedes judiciales para reclamar mejoras laborales y “dignificar la profesión”. Los letrados denunciaron la precariedad del sistema, la imposibilidad práctica de rechazar determinados asuntos de especial complejidad o riesgo y unas retribuciones que consideran claramente insuficientes.

Según denunciaron varios compañeros del herido, el abogado tuvo que asumir un procedimiento de especial dificultad por una compensación que rondaría “como mucho los 500 euros”, cantidad que, aseguran, no cubre ni remotamente el volumen de trabajo exigido en causas de este tipo.

Reforma pendiente en Buenavista

Durante su intervención, Moreno Amatriaín también se refirió al deterioro de las instalaciones policiales del cuartel de Buenavista, una reivindicación histórica de la plantilla. “Ahora que estamos en Jefatura, en Plácido Arango, cuando vengo aquí y veo ese ala, lo primero que pienso es que hay que hacer obras. Es una realidad”, afirmó en relación a uno de los bloques del complejo que presenta peor estado de conservación.

El responsable policial explicó que la reforma integral del histórico complejo no ha podido incorporarse al nuevo plan de infraestructuras del Ministerio del Interior, que arranca este año. “En el plan de infraestructuras del Ministerio del Interior que se inicia este año no hemos podido incluir las obras de reforma del cuartel de Buenavista. Hubiese sido ideal, pero no ha podido ser posible. Habrá que dejarlo para algo más adelante”, lamentó.

Moreno reconoció que las instalaciones “necesitan una reforma que mejorará la actividad policial y la atención al ciudadano”, aunque admitió que no existe calendario definido para acometerla. “Ahora habrá que esperar un tiempo, como mínimo, para hacer una reforma integral, que es lo que nosotros deseamos”, concluyó.

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