Dos años de cárcel para una administradora que desvió casi 138.000 euros de una comunidad de Oviedo

La historia comenzó como empiezan muchas sospechas vecinales: con cuentas que no cuadraban, movimientos difíciles de justificar y la sensación creciente entre los propietarios de que algo no iba bien. Lo que durante años fueron dudas terminó este martes con una confesión en sede judicial. La administradora de una comunidad de propietarios de la calle Cardenal Cienfuegos, en Oviedo, reconoció haberse apropiado de casi 138.000 euros entre 2017 y 2022 y aceptó una condena de dos años de prisión, además de una multa y la obligación de devolver íntegramente el dinero.

La vista estaba señalada para este 5 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, pero el procedimiento quedó prácticamente resuelto tras el reconocimiento de los hechos por parte de la acusada y el acuerdo alcanzado entre las partes.

Según quedó acreditado, la mujer ejerció como administradora de fincas de la comunidad desde marzo de 2012 hasta febrero de 2022. Por esa labor percibía unos honorarios anuales de 3.888 euros, cantidad revisable conforme al IPC. Entre sus funciones figuraban las habituales en este tipo de cargos: gestión económica, control de pagos, archivo de documentación, custodia de libros y relación con la entidad bancaria.

Precisamente esa posición de confianza fue la que permitió el desvío continuado de fondos. La acusada tenía acceso directo a la cuenta bancaria de la comunidad y capacidad operativa para realizar transferencias y trámites. Aprovechando esa facultad, fue transfiriendo dinero desde la cuenta de los propietarios a cuentas de su titularidad sin respaldo documental ni justificación económica.

No se trataba, según recoge la causa, de pagos derivados de servicios, gastos extraordinarios o deudas pendientes. Simplemente eran movimientos de dinero hacia sus propias cuentas. Las transferencias se realizaron de manera reiterada durante cinco años.

Las sospechas afloraron tras su cese como administradora, en febrero de 2022. Fue entonces cuando la comunidad empezó a revisar con detalle la contabilidad y detectó irregularidades. La situación se agravó cuando, según la acusación, la exadministradora se negó a entregar libros, recibos y documentación, dificultando durante un tiempo la reconstrucción exacta de las operaciones.

La comunidad encargó entonces una auditoría externa de las cuentas correspondientes al periodo 2017-2022. El resultado fue concluyente: faltaban 137.969,08 euros.

Los hechos fueron calificados como un delito continuado de apropiación indebida. Sin embargo, antes de celebrarse el juicio, la acusada consignó judicialmente 148.000 euros, cantidad suficiente para cubrir la responsabilidad civil y posibles gastos derivados. Ese gesto permitió aplicarle la atenuante de reparación del daño, circunstancia clave para rebajar la respuesta penal.

Con ello, aceptó finalmente una condena de dos años de prisión, además de una multa de seis meses con cuota diaria de tres euros. También queda inhabilitada para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de condena y deberá asumir las costas procesales.

En el plano económico, indemnizará a la comunidad con los 137.969,08 euros apropiados.

El caso deja una fotografía incómoda para muchas comunidades de propietarios: la dependencia casi absoluta de figuras externas para la gestión cotidiana de fondos comunes. Durante años, la acusada manejó cuentas, documentación y pagos con aparente normalidad. Solo una revisión exhaustiva tras su salida permitió descubrir un agujero económico de seis cifras.

La causa se cierra judicialmente con devolución del dinero y condena pactada, pero en la comunidad afectada queda el desgaste de años de confianza quebrada y una lección que muchos vecinos repiten tras casos similares: revisar las cuentas no debería ser una formalidad de junta, sino una costumbre.

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