El PP denuncia el "caos" en el traslado a la nueva Oficina Judicial de Oviedo y culpa al Gobierno de Barbón de la falta de planificación
Los populares aseguran que la implantación del nuevo modelo ha comenzado con incidencias que afectan a funcionarios y al servicio, mientras el Principado rebaja la gravedad de la situación

Manuel Cifuentes, a las puertas de la nueva Oficina Judicial de Oviedo.
El Partido Popular elevó este miércoles el tono contra la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial de Oviedo, cuyo arranque califica de “caótico” tras la primera semana de funcionamiento. El diputado regional y portavoz de Justicia, Manuel Cifuentes, responsabilizó al Gobierno asturiano de una “falta de planificación” que, a su juicio, ha derivado en problemas organizativos y retrasos que ya empiezan a repercutir en el servicio.
Según denunció el parlamentario popular, la reorganización se ha estrenado con incidencias logísticas y tecnológicas en distintas dependencias judiciales. Entre ellas, funcionarios sin equipos informáticos operativos, falta de puestos de trabajo habilitados, dificultades para acceder a expedientes y acumulación de documentación pendiente de recolocar tras el traslado.
Cifuentes sostuvo que la situación afecta a cerca de 500 trabajadores y alertó de consecuencias directas en la actividad judicial. “Ya se están produciendo retrasos en señalamientos y errores en citaciones”, afirmó el diputado, que considera que el Ejecutivo autonómico llegó al cambio “tarde y mal” pese a conocer desde hace meses el calendario de implantación.
El PP recuerda que ya había cuestionado en semanas anteriores la preparación del proceso, especialmente en lo relativo al acoplamiento del personal y la adaptación de las instalaciones del Palacio de Justicia de Oviedo al nuevo sistema organizativo.
Los populares critican además el mensaje de “normalidad” trasladado por el Principado tras los primeros días de funcionamiento. “Mientras el Gobierno habla de ausencia de incidencias graves, profesionales y sindicatos están describiendo una situación muy distinta”, señaló Cifuentes, que aludió también a las advertencias públicas realizadas en los últimos días por integrantes del ámbito judicial.
Ante este escenario, el PP reclamó explicaciones sobre la gestión del traslado y pidió un calendario “realista y transparente” para normalizar la actividad, junto a un refuerzo de medios materiales y personales que permita corregir las deficiencias detectadas.
La formación llevará además este viernes a la Comisión de Hacienda y Justicia de la Junta General una proposición no de ley centrada en reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer, un ámbito que, según denuncian, está acusando especialmente el impacto de la reorganización y el aumento de carga de trabajo derivado de la comarcalización.
“Lo importante no es quién tenía razón, sino que la Justicia funcione”, concluyó el portavoz popular.
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