La respuesta de los funcionarios a los padres que sustrajeron a su hija en Oviedo: "Nuestro objetivo no es separar a la menor de su familia, sino protegerla"

"Nuestro objetivo prioritario no es la separación familiar, sino proteger al menor". El sindicato USIPA se sumó este sábado a la defensa hecha por la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, acerca de la actuación de los funcionarios respecto al caso de la niña de acogida de cinco años que hace una semana fue sustraída por sus padres durante una visita autorizada. Los progenitores denunciaron a través de LA NUEVA ESPAÑA que los trabajadores les "engañaron para que firmáramos la adopción sin saber lo que estábamos haciendo". "Esto no es un secuestro, dijeron que no íbamos a verla más y queremos que se conozca lo que está pasando", detallaron a través de unas palabras transmitidas por la abogada de los abuelos paternos, Olivia Sara Iglesias.

Es por ello que USIPA quiso dejar claro que todas las actuaciones que realizan los trabajadores están "siempre dentro del marco legal vigente y conforme a protocolos técnicos, administrativos y judiciales estrictamente regulados". Es por ello que concluyen que ninguna decisión sobre este caso se tomó de "manera arbitraria o caprichosa". "Toda actuación se realiza mediante procedimientos garantistas, evaluados por equipos multidisciplinares y sustentados en informes" que realizan los técnicos con el seguimiento de cada caso. "Cualquier intervención de la administración está presidida por el principio jurídico del interés superior de la menor. Asimismo, la normativa establece como criterio prioritario el mantenimiento o la reincorporación de la pequeña a su entorno familiar siempre que existan las condiciones adecuadas para ello y se garantice plenamente su bienestar y seguridad".

Es por ello que los funcionarios llevan a cabo medidas de apoyo, acompañamiento, intervención socioeducativa, supervisión y protección de los padres hacia la menor. "La reunificación familiar constituye, en numerosos casos, la finalidad última y primordial del sistema de protección, desarrollándose a través de procesos progresivos, supervisados y sometidos permanentemente a control legal, técnico y judicial".

También recordaron que los trabajadores de la Consejería de Derechos Sociales desarrollan su trabajo bajo una "enorme presión emocional, social y administrativa, enfrentándose a diario a situaciones de extrema vulnerabilidad, conflicto familiar y riesgo para los menores". "Pese a ello, continúan desempeñando su labor con profesionalidad, responsabilidad y vocación de servicio público".

Todo ello les lleva a rechazar "cualquier señalamiento, descalificación o campaña de acoso" dirigida hacia los trabajadores públicos. "Realizan de manera ejemplar funciones que legalmente tienen encomendadas y la crítica pública no puede convertirse en una herramienta de intimidación contra quienes trabajan en la protección social y la infancia, ni poner en riesgo la seguridad y dignidad profesional de los empleados públicos".

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