La plantilla del centro de menores de Sograndio reclama medidas urgentes en Oviedo: "Se nos va a caer el edificio encima"

"Un centro que se cae no puede sostener un proyecto educativo". La frase, escrita en una de las pancartas desplegadas este lunes frente a la sede de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, resumía el malestar de la plantilla del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio. Alrededor de sesenta personas se concentraron a media mañana para reclamar al Principado medidas urgentes ante una situación que, según denuncian, combina falta de personal, problemas de seguridad, carencias sanitarias y un deterioro creciente de las instalaciones.

La protesta, convocada por el comité de empresa, contó con representación de USIPA, UGT, CCOO, CSIF e ISA. Los trabajadores acudieron a la calle Hermanos Menéndez Pidal después de la reunión mantenida el pasado viernes con el consejero de Hacienda y la viceconsejera de Justicia, un encuentro del que salieron sin apreciar un plan de acción suficiente para afrontar los problemas que arrastra el centro. La plantilla insiste en que la situación afecta tanto a la seguridad como al desarrollo del proyecto educativo con los menores internos.

"Exigimos a la Administración que haga lo que tiene que hacer: dar soluciones reales al Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio", afirmó Hugo Baldajos, presidente del comité de empresa. El representante de los trabajadores describió el estado del equipamiento como "deplorable" y reclamó que se asuma "el liderazgo del centro" para encauzar una situación que, a juicio de la plantilla, se ha ido agravando en los últimos meses.

Entre las principales demandas figuran la cobertura completa de los puestos de vigilancia, el aumento de plantilla, la reforma de las instalaciones y una dirección capaz de coordinar el trabajo diario. Baldajos recordó que hay aprobado un incremento de trece plazas, pero señaló que la plantilla sigue esperando su incorporación. "Está bien para empezar, pero hay que seguir aumentando", explicó. El comité sostiene que el número de trabajadores debe ajustarse no solo a la ocupación actual, situada en torno a medio centenar de menores, sino a la capacidad total del centro, que ronda las 65 plazas.

En el ámbito sanitario, el comité denuncia que uno de los puestos de enfermería continúa sin cubrir. "Hay un turno de fin de semana que no tiene enfermería, por lo que tienen que asumir el papel sanitario los educadores y las educadoras del centro", señaló Baldajos. También apuntó a los problemas en la vigilancia, al considerar que la Administración debe garantizar que la empresa adjudicataria cumpla los pliegos de contratación.

El deterioro del edificio fue otro de los ejes de la concentración. "Lo que sea más rápido y eficaz, porque no se nos va a caer el centro encima", respondió Baldajos al ser preguntado por si la plantilla prefiere una reforma integral o la construcción de un nuevo equipamiento. El comité asegura que existen deficiencias estructurales y problemas básicos de mantenimiento. Entre ellos, la falta de agua caliente desde hace aproximadamente mes y medio.

Se busca un líder

La plantilla también quiso separar sus reclamaciones de cualquier intento de estigmatizar a los menores. Tras los altercados registrados hace dos semanas, cuando fue necesaria la intervención de la Guardia Civil en dos ocasiones, los trabajadores insisten en que el problema de fondo no se limita a los episodios de conflictividad, sino a la falta de medios y de un proyecto educativo sólido. "Hace falta una persona que lidere el proyecto educativo. Eso es fundamental", defendió Baldajos.

Ese liderazgo, explicó, pasa por conocer la realidad diaria del centro, reunirse con la plantilla y coordinarse con los trabajadores. El presidente del comité sostuvo que el perfil de dirección debe tener capacidad para escuchar a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del equipamiento. "Quienes levantan el trabajo son los trabajadores y las trabajadoras", subrayó.

El comité mantiene una relación fluida con la Viceconsejería de Justicia, pero considera que los compromisos anunciados hasta ahora son insuficientes. Según explicó Baldajos, la Administración se ha comprometido a presentar antes del 23 de junio un protocolo de actuación para vigilantes y educadores. La plantilla, sin embargo, reclama actuaciones inmediatas y no descarta nuevas movilizaciones si no se producen avances.

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