Piden ocho años de cárcel para cada miembro de un grupo acusado de prostituir mujeres en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman ocho años de prisión para cada uno de los tres acusados de integrar un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la explotación sexual de mujeres en un piso de Oviedo. El Ministerio Público también reclama multas, medidas de libertad vigilada y órdenes de alejamiento para los procesados.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, los hechos se remontan, al menos, a octubre de 2023. Los acusados habrían actuado de forma coordinada para captar a mujeres en situación de vulnerabilidad y obligarlas a ejercer la prostitución en una vivienda de la calle General Elorza.

La investigación sostiene que, en un primer contacto, las víctimas recibían promesas de condiciones económicas que posteriormente no se cumplían. Los acusados ofrecían repartir los beneficios al 50%, aunque finalmente se quedaban entre el 60% y el 70% del dinero obtenido por los servicios sexuales.

La Fiscalía asegura además que las mujeres estaban sometidas a un férreo control. Aunque no existían horarios fijados de manera formal, debían permanecer disponibles las 24 horas del día y no podían abandonar el domicilio sin autorización previa. Solo se les permitía salir para comprar comida y durante un tiempo limitado. En algunas ocasiones, según el relato del Ministerio Público, eran encerradas con llave en la vivienda para impedir que escaparan.

El escrito añade que los acusados también obligaban a las mujeres a vender sustancias estupefacientes a los clientes, entre ellas cocaína y marihuana, además de ofrecer Viagra.

Reparto de funciones

La Fiscalía describe una estructura perfectamente organizada entre los tres procesados. La principal acusada sería la encargada de captar a las mujeres, controlar el piso, retener la documentación personal de las víctimas y administrar el dinero obtenido. También supervisaba sus llamadas telefónicas y relaciones sociales.

El segundo acusado, según el Ministerio Público, se ocupaba del transporte de las mujeres a hoteles o domicilios particulares cuando los servicios sexuales se realizaban fuera del piso. Asimismo, cobraba directamente a los clientes o recogía el dinero entregado por las víctimas.

La tercera acusada, hija de la principal investigada, permanecía largas jornadas en el domicilio para vigilar a las mujeres y sustituía a su madre cuando esta se ausentaba.

El testimonio de una víctima

La causa recoge el caso de una mujer colombiana protegida como testigo, que atravesaba una situación económica precaria en su país y tenía tres hijos a su cargo. Según la Fiscalía, viajó a España con la intención de reunir dinero para mantener a su familia.

La mujer contactó por WhatsApp con una de las acusadas, quien le ofreció trabajar en Oviedo ejerciendo la prostitución bajo unas condiciones que, supuestamente, incluían el reparto al 50% de las ganancias.

La víctima llegó a Oviedo el 21 de septiembre de 2023 y, según el escrito fiscal, nada más entrar en el piso tuvo que entregar toda su documentación personal. Desde ese momento se le habría impuesto disponibilidad permanente para atender a clientes y entregar el dinero obtenido, mientras los acusados retenían la mayor parte de las ganancias.

La Fiscalía sostiene que la mujer fue obligada a aceptar todos los servicios requeridos por los clientes y que apenas podía salir del domicilio. En una ocasión, incluso, habría permanecido encerrada con llave durante varias horas.

La testigo permaneció cerca de 20 días en esa situación. El Ministerio Público asegura que, cuando manifestó su intención de abandonar el piso y denunciar los hechos, fue intimidada por una de las acusadas, que le aseguró que nadie creería su versión porque no tenía documentación y porque el acusado español “estaba conchabado con la policía”.

Finalmente, la mujer logró escapar y alertar a la Policía.

Petición de condena

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de prostitución coactiva y otro de grupo criminal. Por el primero, solicita para cada acusado cinco años de prisión y una multa de 24 meses con cuota diaria de 15 euros. También reclama prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima durante seis años, cinco años de libertad vigilada y 15 años de inhabilitación para actividades con menores.

Por el delito de grupo criminal, el Ministerio Público pide otros tres años de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita además que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 10.000 euros por daños morales, además de los intereses legales correspondientes.

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