La jueza deja en libertad con cargos al padre biológico de la niña de 5 años tutelada por el Principado que fue sustraída en Oviedo

El padre biológico de Miranda, la niña de 5 años tutelada por el Principado y desaparecida desde el pasado 30 de abril tras ser sustraída durante una visita supervisada en Oviedo, ha quedado en libertad con cargos después de pasar este martes a disposición judicial. Según explica su abogada, Olivia Sara Iglesias, el fiscal no le hizo preguntas ni solicitó su ingreso en prisión.

El hombre declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y respondió a todas las preguntas formuladas por la jueza de instrucción. Según la versión trasladada por su defensa, el padre sostiene que nunca consintió la adopción de la menor ni aceptó que la niña se marchara con ninguna familia. "Dijo que ni había consentido ni iba a consentir la adopción de la niña”, resume la letrada sobre la postura del progenitor.

La abogada explica que el hombre y su pareja se enteraron de que aquella visita podía ser la última en la que vería a su hija y que, en ese contexto, fue la madre quien se marchó con la niña tras un altercado con la educadora que supervisaba el encuentro. La defensa recalca que el padre permaneció en el lugar. “La que marchó fue la madre”, sostiene Iglesias, que añade que el progenitor no ha vuelto a ver desde entonces ni a la menor, ni a la madre, ni a otro hijo de 15 años que también se encontraba allí en el momento en el que ocurrió todo.

Según el relato de la abogada, la educadora afirma que el padre estaba presente y que le impidió el paso. La defensa, sin embargo, insiste en que el hombre no huyó con la menor. La causa continúa abierta y el padre deberá comparecer ante la autoridad judicial siempre que sea requerido. La menor y su madre continúan en paradero desconocido.

La detención

La comparecencia judicial se produce apenas un día después de la espectacular detención del progenitor en Siero. La Policía Nacional desplegó a primera hora del lunes un amplio operativo en el poblado de La Sierra de Granda, con un fuerte contingente policial, agentes armados y apoyo antidisturbios. Según relató la propia Olivia Sara Iglesias, abogada de los abuelos paternos, intervinieron “como ocho coches antidisturbios con metralletas y todo” y los agentes “entraron en casi todas las viviendas” de la zona antes de proceder al arresto del padre, que fue trasladado al cuartel de Buenavista.

La actuación policial llegó más de un mes después de que se denunciara la desaparición de la niña, que llevaba alrededor de 18 meses conviviendo con una familia de acogida en Asturias. La Consejería de Derechos Sociales del Principado explicó entonces que la menor fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita autorizada y supervisada en un centro especializado de Oviedo. La Administración autonómica sostuvo además que durante el encuentro se produjo una agresión a la educadora encargada de supervisar el contacto antes de que los progenitores huyeran con la pequeña.

Frente a esa versión oficial, la familia biológica viene denunciando, siempre a través de su abogada, que fue “engañada” por la Administración autonómica para firmar documentación relacionada con la adopción de la menor “sin saber lo que estaban haciendo”. Iglesias sostiene que los padres actuaron después de que, supuestamente, se les trasladara que no volverían a ver a la niña. “Les dijeron que se despidieran de ella”, afirmó la letrada en nombre de la familia.

La defensa también cuestiona el procedimiento seguido por la Administración autonómica. “No se hizo el protocolo”, sostiene Iglesias, que afirma que, cuando se retira una custodia, lo primero debe ser contactar con la familia extensa para comprobar si algún pariente puede hacerse cargo del menor. Según la letrada, eso no ocurrió en este caso.

La abogada asegura además que a la abuela paterna no se le permitió ver a la niña y recuerda que la familia tiene siete hijos, cuatro de ellos bajo la tutela de la Consejería. Iglesias subraya que, según la familia, no existen antecedentes ni problemas de consumo o adicciones en el entorno familiar. También denuncia que las visitas se fueron haciendo cada vez “más distantes” y “más difíciles” mientras, en paralelo, se tramitaba la adopción. Por el momento, la principal incógnita sigue sin resolverse: la madre y la niña continúan desaparecidas y no se sabe nada de ellas.

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