Otro episodio de violencia en el centro de menores de Sograndio (Oviedo): dos nuevas agresiones a trabajadores al día siguiente de la revuelta que llevó a tres vigilantes al hospital

La tensión no remite en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio. Apenas unas horas después de la revuelta registrada en la noche del domingo, que acabó con tres vigilantes de seguridad trasladados al HUCA y una auxiliar educadora agredida, el presidente del comité de empresa, Hugo Baldajos, denunció este martes otras dos agresiones ocurridas durante la jornada del lunes. “Ayer, además, hubo otras dos agresiones a una vigilante de seguridad y a un educador”, señaló Baldajos mientras advertía de que la situación en el centro “no está mejor, sino que está peor y se está agravando cada vez más”.

Según explicó el presidente del comité, una trabajadora recibió dos puñetazos en la boca durante una comunicación con una interna relacionada con los hechos del domingo. Al ir a comunicarle la sancioón disciplinaria que se le va a aplicar por lo ocurrido --siete días de incomunicación o aislamiento, el máximo castigo que se puede poner-- la joven golpeó a la vigilante de seguridad. Posteriormente, por la tarde, un educador fue agredido a patadas por la misma interna. Los trabajadores afectados por los incidentes del domingo permanecen de baja, según indicó Baldajos, que insistió en que la conflictividad en el centro ha alcanzado un punto crítico.

El presidente del comité vincula los últimos episodios a una falta de liderazgo en la gestión del centro y reclama de nuevo el cese de la directora, Aída Rodrigo Norniella, que ocupa el cargo desde junio del año pasado. “Nos encontramos en un punto donde la dirección ni está ni se le espera”, afirmó. “Esta persona, bajo nuestro criterio, debe ser cesada de manera inminente”.

Baldajos aseguró que el comité lleva meses alertando del deterioro de la situación. “Este comité de empresa lleva advirtiendo desde agosto que esta situación iba a empeorar”, señaló. También recordó que en febrero trasladaron tanto a la dirección como a la viceconsejería y al consejero que podía producirse “una desgracia grande” y que, si eso ocurría, “van a tener que asumir responsabilidades desde arriba”.

La crítica a la directora fue especialmente dura. “Esta señora no puede seguir siendo la directora de ese centro porque las cosas se están poniendo muy complicadas”, defendió Baldajos. “No valen excusas, no vale mirar para otro lado”. A su juicio, la falta de decisiones está poniendo “en riesgo la integridad física y mental tanto de trabajadores como trabajadoras como de los menores” y también está provocando que “se estén vulnerando los derechos” de los internos.

El "motín"

La revuelta del domingo, que los trabajadores califican como un “verdadero motín”, se inició en la sala de televisión, donde varios internos de distintos módulos estaban reunidos. Dos de ellos se enfrentaron verbalmente a un vigilante y acabaron lanzándole una mesa. El conflicto fue escalando hasta derivar en agresiones, destrozos y la reducción de varios internos.

Uno de los menores llegó a arrebatar la defensa reglamentaria a un vigilante durante un forcejeo y golpeó con ella a una trabajadora de seguridad, una de las tres personas que tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias. El comité sostiene que la reacción de la dirección tras los incidentes fue insuficiente. Preguntado por la situación que se encontraron el lunes, Baldajos habló de una dirección “impasible”. “Cuando tienes un episodio como lo que pasó el domingo, lo normal es llamar a los implicados y preguntar por lo menos cómo estás. No se produce. Y eso es un mínimo”, señaló.

Los trabajadores aseguran que el problema no se limita a los episodios violentos, sino que afecta también al funcionamiento ordinario del centro. “El trabajo educativo no se está pudiendo llevar a cabo porque hay que apagar fuegos todos los días”, afirmó Baldajos. Según explicó, hay tareas y situaciones que no entran dentro de las competencias de educadores, educadoras o auxiliares, pero que se están teniendo que asumir por la falta de una organización eficaz. “El recurso, que es para lo que es, no se está utilizando de manera óptima”, añadió.

Cambios

La plantilla reclama una dirección con capacidad real para coordinar a todo el personal que trabaja en Sograndio. Baldajos recordó que en el centro trabajan alrededor de 150 personas, entre personal propio del Principado, vigilancia, limpieza, lavandería, mantenimiento, cocina y otras contratas. “Es necesario que alguien coordine todo eso”, defendió. “Si no hay nadie que coordine y que ponga unas medidas concretas, unos protocolos, esto va a ir a peor”.

Durante la rueda de prensa, el presidente del comité también denunció el grave deterioro de las instalaciones. Según indicó, el centro cuenta actualmente con 55 internos y dispone de 64 plazas, pero muchas zonas están dañadas o inutilizadas. “El edificio se cae”, advirtió. “Ahora mismo tenemos el almacén inundado de la cocina. Tenemos el tejado cayendo, las camaretas destrozadas, las habitaciones destrozadas. Arrancan mesas de las paredes. Es inhabitable ahora mismo”.

Los trabajadores consideran que el proyecto anunciado por el Principado para construir un nuevo edificio en la misma parcela no resuelve la urgencia actual. “Está muy bien, pero va a tardar años”, señaló Baldajos. “Necesitamos ya soluciones, ya. Porque es que no hay dónde meter a los chavales”. A su juicio, el deterioro del inmueble también influye en la conducta de los internos: “Cuando ya lo ven todo destrozado, dicen: yo más de aquí ya arranco una piedra más de la pared”.

Reacción del Principado

La comparecencia del comité coincidió prácticamente en el tiempo con el anuncio del Principado de intervenir la gestión diaria del centro. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, comunicó que la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, presidirá una comisión encargada de dirigir el día a día de Sograndio durante al menos tres meses.

Esa comisión estará integrada por la viceconsejera, el jefe de servicio de Justicia del Menor, otra funcionaria del área, la directora del centro, los tres coordinadores socioeducativos, el responsable de mantenimiento y el coordinador de seguridad de la empresa adjudicataria. Su primera reunión está prevista para este miércoles y se reunirá semanalmente para evaluar la situación y adoptar medidas.

La decisión no convence a Baldajos, que cuestionó que se mantenga a la actual directora si la gestión va a ser asumida por la viceconsejería. “¿Cuál es el motivo de mantener una dirección cuando va a ser la viceconsejera la que va a asumir el mando? No lo entiendo”, señaló. “La viceconsejera no puede ser la tutora de la directora”.

El Gobierno asturiano vincula la intervención a la alta conflictividad y a la presión asistencial que soporta el centro. El Principado también estudiará solicitar el cambio de régimen de los internos mayores de edad más conflictivos. Peláez recordó que el Ejecutivo inició hace un año una estrategia de mejora integral que incluyó la contratación de doce socioeducadores, un responsable de mantenimiento y la renovación del contrato de seguridad, que pasó de 1,7 a 2,5 millones de euros.

El comité, sin embargo, insiste en que ya no bastan las reuniones. “Por nuestra parte, diálogo y propuestas y trabajo siempre”, afirmó Baldajos. “Pero ya estamos cansados del diálogo. Necesitamos hechos ya”. Para la plantilla, las dos nuevas agresiones denunciadas este lunes demuestran que la conflictividad no se cerró con la revuelta del domingo y que la situación en Sograndio sigue abierta. “Cualquier día va a haber una desgracia que vamos a lamentar todos”, advirtió.

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