Los vigilantes de seguridad de Sograndio (Oviedo) amenazan con paros ante la ola de agresiones: "Nuestra vida corre peligro cada día"

La mayoría del comité de empresa de Asepro Seguridad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, integrada por CSIF y USIPA, dice “basta ya” y advierte de que baraja convocar paros en los próximos meses si no se adoptan medidas urgentes para garantizar la seguridad de la plantilla. El ultimátum llega tras los últimos episodios violentos registrados en el centro, en los que cuatro vigilantes de seguridad resultaron agredidos y necesitaron asistencia médica, unos incidentes que los representantes de los trabajadores consideran “la gota que colma el vaso” en un escenario de agresiones que, aseguran, “cada vez son más habituales”.

Los sindicatos denuncian la “total deriva” del centro y sostienen que la plantilla trabaja en una situación límite, con "intervenciones violentas en todos los turnos, todos los días y sin los medios adecuados". Según CSIF y USIPA, la alta conflictividad impide que los educadores puedan desarrollar con normalidad su labor diaria, lo que deja “poca o ninguna posibilidad” de realizar un trabajo educativo real. En ese contexto, añaden, los vigilantes de seguridad se ven obligados a intervenir de manera continua para contener los incidentes.

La representación sindical vincula la crisis también a la ocupación del centro, que roza su límite con casi 60 internos. Algunos de ellos, recuerdan, tienen edades próximas a los 20 años, lo que incrementa la complejidad de la gestión diaria y de la seguridad interior. Esta situación se produce después de la revuelta registrada el domingo, que terminó con tres vigilantes trasladados al HUCA, y de nuevas agresiones denunciadas al día siguiente por el comité de empresa.

A la conflictividad se suma, según CSIF y USIPA, el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria. Los sindicatos aseguran que la mayoría de los días faltan puestos de vigilantes por cubrir, lo que, a su juicio, deja desprotegidos al recinto, a los trabajadores y a los propios internos. Esa falta de efectivos obliga al resto de la plantilla de turno a asumir una sobrecarga de trabajo y de riesgos físicos.

Los representantes de los trabajadores consideran “inadmisible” que se mantenga este volumen de intervenciones con mínimos de personal, sin habitaciones de contención adecuadas, sin medios materiales idóneos y sin cobertura jurídica suficiente. También denuncian que la mayoría de los vigilantes, incluidos los de nueva contratación, quedan excluidos del abono del plus de peligrosidad de Sograndio, además de señalar “manipulación de conceptos salariales” en las nóminas por parte de Asepro Seguridad.

“La situación es angustiosa y las instituciones a las que hemos pedido ayuda de manera reiterada nos han dado la espalda”, afirman de forma conjunta los representantes de CSIF y USIPA. “Los educadores no pueden ejercer adecuadamente su labor en un entorno tan conflictivo por la violencia existente, el centro está masificado al límite con perfiles que rozan los 20 años, y no se están cubriendo los puestos obligatorios de seguridad”, añaden.

La advertencia sindical coincide con la decisión del Principado de intervenir la gestión diaria de Sograndio mediante una comisión presidida por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez. El Gobierno asturiano anuncia que este órgano se reunirá semanalmente durante al menos tres meses para evaluar la situación y adoptar medidas. Sin embargo, la mayoría del comité considera que la respuesta llega tarde y reclama actuaciones inmediatas. “Si no se nos dota de medios, si no se cumple el pliego, si no se devuelve el plus de peligrosidad y si no se garantiza nuestra seguridad, el conflicto se trasladará a la calle con la convocatoria de paros”, advierten los sindicatos. “Nuestra vida corre peligro cada día”, concluyen.

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