El peligroso trabajo de los vigilantes de seguridad del centro de menores de Sograndio en Oviedo: "Un día nos van a matar"

Sergio no se llama Sergio. Lleva más de veinte años trabajando como vigilante de seguridad en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio y acepta hablar con este diario bajo la condición del anonimato. No quiere fotos. No quiere que aparezca ningún dato que pueda identificarle. No es que tenga miedo, es un veterano y tiene la piel curtida, pero por si las moscas. "Entramos a trabajar con un nivel de estrés enorme. No sabes por dónde te van a salir. Para los internos somos enemigos", explica. "Cada vez que entras sabes que va a haber lío. Si esto sigue así cualquier día nos van a matar", añade.

Mientras Asturias seguía conmocionada por la revuelta registrada en el centro el pasado domingo –que terminó con tres vigilantes trasladados al HUCA, una educadora agredida, puertas destrozadas y varios internos engrilletados–, el clima de violencia no se frenó ahí. Apenas un día después, una interna volvió a agredir a una vigilante de seguridad, a la que propinó dos puñetazos en la boca cuando se le comunicaba una sanción disciplinaria. Horas más tarde, esa misma chica, especialmente conflictiva, atacó también a patadas a un educador.

Para los trabajadores, no se trata de episodios aislados, sino de una dinámica diaria que lleva años empeorando. "Antes había incidentes. Siempre los hubo porque Sograndio siempre fue un sitio complicado. Pero podías tener uno serio al mes. Ahora no hay un solo turno tranquilo", resume Sergio. Según relata, el deterioro ya no se mide por grandes altercados puntuales, sino por la rutina cotidiana. "Ahora no hay turno en el que no tengas que reducir a alguien. Hay días de engrilletar a dos o tres internos en ocho horas". Solo durante el último mes, asegura, se realizaron alrededor de 150 contenciones físicas por parte de los vigilantes de seguridad.

En ocasiones, las escenas que describe recuerdan más a un entorno penitenciario que a un centro de menores. "Aquí hemos llegado a encontrar clavos limados, cristales escondidos debajo de las camas y otros objetos preparados para agredir". Sergio también ha sido testigo de peleas "entre dos bandos" en el patio en las que varios internos utilizaron tacos y bolas de billar como armas improvisadas. "Éramos cuatro vigilantes para contener a treinta", explica. Hace solo unos meses, recuerda, uno de los vigilantes recibió varias patadas en la cabeza durante una intervención. "Eso demuestra que un día puede ocurrir una desgracia".

Sin seguridad

Las llamadas "camarillas", las habitaciones de aislamiento donde los internos cumplen sanciones disciplinarias, tampoco ofrecen ya seguridad real. "Revientan las puertas, arrancan cámaras, lo destrozan todo. Algunas puertas acorazadas antiguas las tiran abajo. A veces abres y se te tiran encima". En ocasiones, añade, los propios desperfectos generan situaciones insalubres. "Taponan los baños para inundar las celdas y a veces terminan saliendo excrementos". Pero más allá de la violencia física, muchos trabajadores aseguran convivir con amenazas constantes. "Te dicen todos los días que te van a matar". Según explica Sergio, algunas de las celdas de contención dan directamente a la zona de aparcamiento del personal. "Ven nuestras matrículas y nos dicen: sabemos qué coche tienes, no te vas a escapar".

El centro, construido hace décadas y muy deteriorado, funciona hoy muy por encima de lo que muchos trabajadores consideran asumible. Actualmente hay alrededor de 55 internos para unas instalaciones que, según denuncian empleados y sindicatos, llevan años acumulando desperfectos, filtraciones, habitaciones inutilizadas y graves problemas de mantenimiento. "El edificio está destrozado", resume Sergio. "Hay puertas que no cierran, cristales rotos, habitaciones inutilizadas, techos cayéndose y zonas inundadas".

La distribución del complejo obliga además a trabajar con plantillas muy ajustadas. En el módulo de los internos más conflictivos –donde suelen concentrarse jóvenes con perfiles especialmente violentos– apenas hay dos vigilantes para controlar a ocho o nueve menores. En otros pisos, un solo trabajador queda a cargo de hasta quince internos. El módulo terapéutico, donde conviven menores con problemas psiquiátricos o de drogodependencia, cuenta normalmente con dos vigilantes.

Los trabajadores denuncian que el número de efectivos rara vez se cubre por completo. Según explica este vigilante, muchos trabajadores duran apenas unas semanas antes de coger la baja. "Nadie quiere venir aquí por el sueldo que se paga y por el riesgo que hay". Parte de la plantilla, asegura, ni siquiera cobra plus de peligrosidad pese a intervenir constantemente en situaciones violentas. "Hay compañeros que apenas pasan de los mil euros y tienen que revolcarse por el suelo para reducir a chavales muy violentos".

La tensión se multiplica especialmente cuando los altercados ocurren en zonas comunes. El motín del domingo comenzó precisamente en la sala de televisión y terminó extendiéndose por varios módulos. "Cuando pasa algo en sitios como el comedor, las duchas o la sala común, se suman todos. Y todos van contra nosotros". El problema, insiste, no se limita únicamente a la seguridad. Los trabajadores consideran que el clima actual hace prácticamente imposible desarrollar la labor educativa para la que fue concebido el centro. "Aquí ya no se trabaja educando. Se trabaja apagando fuegos constantemente".

Intervención

Dentro de Sograndio conviven menores condenados por delitos muy diversos: robos con violencia, agresiones sexuales, lesiones graves e incluso homicidios. Algunos internos pasan sobradamente de los veinte años. "Hay perfiles muy complicados y no tenemos medios suficientes". El relato de este vigilante coincide con las denuncias públicas realizadas estos días por sindicatos y representantes de los trabajadores, que amenazan con convocar paros si no se adoptan medidas urgentes.

El Principado ha anunciado la intervención temporal de la gestión diaria del centro mediante una comisión dirigida por la viceconsejería de Justicia y mantiene su proyecto para construir un nuevo edificio en la parcela de Sograndio. Sin embargo, entre la plantilla predomina el escepticismo. "Eso tardará años", dice Sergio. "Y nosotros tenemos que entrar mañana otra vez". Después de más de dos décadas trabajando en el centro, Sergio reconoce que nunca había visto una situación parecida. Hace una pausa antes de admitir algo que, asegura, hoy comparten muchos compañeros, aunque sean veteranos: "Yo también me quiero ir".

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