Los trabajadores denuncian “desamparo institucional” tras la agresión a dos educadoras en un centro de menores de Oviedo

El Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar condenó este jueves los "graves hechos” ocurridos recientemente en un centro de acogimiento residencial de menores dependiente del Principado de Asturias, donde, como publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, dos profesionales resultaron agredidas física y verbalmente y sufrieron lesiones y amenazas de muerte durante el desempeño de sus funciones.

Según el comité, la situación obligó a la intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de las trabajadoras y del resto de menores presentes en el centro. La representación laboral considera, no obstante, que “tan preocupante como la propia agresión” es la respuesta posterior de la Administración. Los trabajadores denuncian que, días después de los hechos, "ningún responsable de la Dirección General de Infancia ni de otros órganos de la consejería se pusieron en contacto con las profesionales agredidas para interesarse por su estado, trasladarles apoyo institucional o activar el protocolo oficial previsto para estos casos".

El comité sostiene que esta falta de respuesta “pone en cuestión” los protocolos de agresiones laborales, que “son para proteger a las personas trabajadoras, no para cubrir obligaciones administrativas”. También critica que la menor implicada, tras ser trasladada al hospital por la Policía, recibió el alta al día siguiente y regresó al mismo centro y al mismo grupo de convivencia, donde trabajan las profesionales agredidas, que se encuentran de baja por las lesiones sufridas.

A su juicio, esa situación supone un incumplimiento de los protocolos de agresión publicados en el BOPA y puede exponer de nuevo a las trabajadoras a un riesgo sin que consten medidas preventivas extraordinarias ni una evaluación clara de la situación. “Nos encontramos más cerca del desamparo institucional que del respaldo que merecen los empleados públicos”, advierte el comité.

La representación de la plantilla también apunta a carencias organizativas y estructurales en el centro, entre ellas la falta de espacios individualizados para los educadores en los grupos de convivencia. Según explica, esta carencia dificulta la intervención educativa, compromete la confidencialidad y priva a los profesionales de un lugar seguro en situaciones de crisis.

El comunicado llama además la atención sobre las “microviolencias” cotidianas que, según el comité, sufren educadores de los centros de atención a menores: insultos, amenazas, vejaciones, empujones, escupitajos, golpes leves o actos continuados de intimidación. Muchas de estas situaciones, advierte, no llegan a denunciarse ni generan partes de incidencia por haberse instalado una “peligrosa cultura de normalización”.

Por todo ello, el Comité exige a la Consejería respaldo institucional inmediato a las trabajadoras afectadas, cumplimiento estricto de los protocolos, atención psicológica urgente y especializada, mejora de las condiciones de seguridad, adecuación de los espacios de trabajo y cobertura efectiva de vacantes, bajas y ausencias. “La protección de los menores y la seguridad de quienes trabajan con ellos deben ser una prioridad. No podemos esperar a que se produzcan nuevas tragedias para actuar”, concluye el comité.

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