Asturias contará con una biblioteca pública en todos los concejos de más de 2.000 habitantes: "Es una norma histórica"

Todos los municipios asturianos de más de 2.000 habitantes deberán contar con una biblioteca pública. Esta es una de las principales novedades del proyecto de Ley del Principado de Asturias de Bibliotecas y del Fomento de la Lectura, aprobado por el Consejo de Gobierno y queinicia ahora su tramitación parlamentaria. La norma rebaja el umbral actual de prestación obligatoria, situado en los 5.000 habitantes, y compromete el apoyo económico del Principado para que los concejos puedan cumplir con este nuevo servicio público.

La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, definió el texto como una “norma histórica” para Asturias, llamada a situar las bibliotecas como equipamientos de igualdad, convivencia, inclusión y acceso al conocimiento. Gutiérrez defendió que la ley no nace “de la nada”, sino de una tradición bibliotecaria sólida y de una aspiración “de muy atrás” que se fue consolidando hasta desembocar en una regulación integral y coherente.

El texto establece que, en los municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes, el Principado asumirá la financiación del personal bibliotecario. Según explicó el director general de Patrimonio, Pablo León, esta medida afectará a una decena de concejos con los que el Principado negociará su aplicación: Morcín, Colunga, Castropol, Coaña, Tapia de Casariego, El Franco, Soto del Barco, Vegadeo, Salas y Yernes y Tameza.

Para los concejos de 2.000 habitantes o menos, la Administración autonómica colaborará con los ayuntamientos mediante fórmulas como bibliobuses o bibliotecas de doble uso -por ejemplo, compartiendo las de los colegios-, con el objetivo de garantizar que el acceso a la lectura y al conocimiento llegue también a las zonas rurales. “La biblioteca ya no es solo un espacio al que se va, sino un servicio que se mueve y llega a las personas”, resumió Cultura.

La futura ley también fija obligaciones para las grandes poblaciones. Los municipios con una población superior a los 30.000 habitantes deberán disponer de una red municipal de bibliotecas. Asturias parte de una base amplia, con 132 bibliotecas municipales en funcionamiento, además de bibliotecas universitarias, escolares y otros recursos que conforman un ecosistema cultural “rico y diverso”. La nueva ley busca ordenar ese conjunto mediante la creación del Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias, con una red pública dotada de servicios unificados, catálogo común, distintivo propio y normas homogéneas de organización.

El proyecto también incorpora una visión actualizada del papel de las bibliotecas. La ley las define no solo como espacios de préstamo o consulta, sino como lugares de encuentro, convivencia, aprendizaje, inclusión e igualdad de oportunidades. En ese sentido, introduce medidas para reforzar la accesibilidad, con la normalización de la lectura fácil, los soportes sonoros y el braille, de forma que los centros puedan atender a todos los asturianos

Otro de los ejes de la norma es el fomento de la lectura como política estratégica. El texto otorga un protagonismo esencial a los autores asturianos, asegurando su presencia activa en las políticas de promoción lectora y en la programación cultural vinculada a las bibliotecas. También respalda a la industria del libro, con especial atención a editoriales y librerías. En este ámbito, la ley prevé líneas de apoyo y ayudas al comercio así como medidas para facilitar la participación de las librerías asturianas en ferias nacionales e internacionales. El objetivo es reforzar su papel como aliadas en la difusión de la lectura, la creación literaria y el acceso ciudadano al libro, además de favorecer la proyección exterior del sector.

Gutiérrez destacó que el proyecto es fruto de un proceso de elaboración basado en el consenso técnico, con la participación de una comisión asesorada por una treintena de profesionales del sector. La consejera agradeció su “compromiso y conocimiento” para construir un texto “riguroso y útil”, conectado con la realidad bibliotecaria asturiana. La norma inicia ahora su recorrido parlamentario.

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