Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: "El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores"

Bebés de pocas semanas de vida soportan temperaturas superiores a los 39 grados en el centro de menores Los Pilares cuya rehabilitación fue inaugurada hace dos meses por el presidente, Adrián Barbón. Los sindicatos CSIF, CCOO e ISA acusan a la Consejería de Derechos Sociales de conocer desde hace meses los problemas del centro sin haber adoptado medidas eficaces para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores.

Las organizaciones aseguran que las advertencias comenzaron antes de la puesta en funcionamiento del recurso. Según trasladan, el 10 de abril ya se comunicó a la dirección del centro que las instalaciones no reunían las condiciones adecuadas para atender a menores de entre 0 y 3 años. Desde entonces, afirman, se han presentado reclamaciones ante la propia Administración autonómica, la Inspección de Trabajo, la Fiscalía de Menores y el Principado sin que los problemas se hayan resuelto.

La situación se ha agravado durante la actual ola de calor. Los sindicatos denuncian que, además de los registros superiores a 39 grados durante el día, las temperaturas nocturnas tampoco permiten un descanso adecuado. Según los datos que manejan, las mínimas fueron de 27,5 grados el 22 de junio y de 28,5 grados el 23 de junio en unas habitaciones donde duermen bebés y niños de muy corta edad. Los sindicatos avierten de que se trata de un colectivo especialmente vulnerable por su menor capacidad de termorregulación y su mayor riesgo de deshidratación, estrés térmico o golpes de calor.

Además, sostienen que la respuesta de la Administración ha sido trasladar a los menores durante las horas de más calor a una sala más fresca de la planta baja, pero critican que se trata de una medida improvisada que no soluciona el problema de fondo. Los bebés siguen durmiendo en las mismas habitaciones, donde el calor acumulado durante el día persiste pese a la ventilación, y parte de sus enseres continúa en la planta superior.

Ese traslado, denuncian los sindicatos, está aumentando de forma considerable la carga de trabajo de las profesionales. No se trata solo de mover a los menores de una estancia a otra, sino también cunas, hamacas, tronas, material de higiene, ropa, alimentos, juguetes y otros elementos necesarios para garantizar la atención diaria. Todo ello, añaden, en plena ola de calor y con una plantilla insuficiente por la falta de cobertura de bajas y vacaciones.

CSIF, CCOO e ISA aseguran que las trabajadoras están sosteniendo el servicio “con esfuerzo, compromiso y responsabilidad” pese a unas condiciones que consideran inadecuadas. Las representantes sindicales denuncian que se está dejando a las profesionales “a los pies de los caballos”, obligándolas a asumir en primera línea las consecuencias de una gestión deficiente y de la falta de soluciones estructurales.

Los sindicatos consideran especialmente grave que esta situación se produzca en un edificio remodelado recientemente con una inversión superior a los tres millones de euros. A su juicio, resulta “inadmisible” que una obra financiada con dinero público haya dado como resultado unas instalaciones en las que los bebés tienen que ser desplazados de sus dependencias porque el calor las convierte en espacios incompatibles con su bienestar. “Nos escuchan, nos dan la razón y después no hacen absolutamente nada”, lamentan las representantes sindicales, que aseguran haber acudido en numerosas ocasiones a la Consejería para exigir soluciones urgentes. También subrayan que “las profesionales están haciendo todo lo que está en su mano para proteger a los menores”, pero advierten de que no pueden seguir sustituyendo “con su esfuerzo, su salud y su compromiso las obligaciones que corresponden a la Administración”.

Las organizaciones exigen la adopción inmediata de medidas eficaces que garanticen unas condiciones térmicas adecuadas, espacios seguros para los menores y una cobertura suficiente de personal. Asimismo, reclaman que se determinen responsabilidades por una situación que, sostienen, afecta directamente a la salud, la seguridad y los derechos de niños y niñas especialmente vulnerables bajo tutela de la Administración.

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