El presidente del Principado defiende la intervención de su gobierno en el centro penal de menores de Oviedo: “No negamos los problemas, actuamos para darles soluciones”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles en la Junta General la respuesta del Gobierno regional ante la escalada de conflictividad que arrastra en las últimas semanas el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo. “En Sograndio es evidente que ha habido incidentes preocupantes, que a este Gobierno le preocupan y, por tanto, hemos tomado decisiones”, afirma el jefe del Ejecutivo, que sostiene que el Principado nunca ha hecho oídos sordos ante la situación que se vive en el centro. “Nosotros no negamos los problemas; nosotros actuamos para darles soluciones”.

Barbón respondió así a la portavoz de Vox, Carolina López, que acusó al Gobierno autonómico de haber convertido Sograndio en “la escuela del delito” y “un infierno para todos los trabajadores”. La diputada sostiene que los empleados acuden al centro “con un miedo atroz” y denunció que los internos más conflictivos “tienen el control absoluto” de las instalaciones.

La crisis del centro se ha agravado tras una sucesión de peleas, agresiones a trabajadores y episodios de alta tensión en distintos módulos, especialmente en el de mayores de edad. Entre los últimos altercados figura una revuelta que se saldó con tres vigilantes en el hospital o una pelea con alrededor de una quincena de internos implicados, iniciada durante las actividades deportivas en el patio, y un episodio en el que un joven llegó a lanzar una silla contra un vigilante, sin alcanzarle. La plantilla viene advirtiendo de un deterioro progresivo de la convivencia y reclama medidas urgentes.

El presidente recuerda que la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, ha asumido la gestión directa del centro y presenta esa decisión como prueba de que el Ejecutivo es consciente de la gravedad de la situación. También citó el refuerzo de personal y seguridad en Sograndio, la renovación del equipamiento, la cobertura sanitaria por parte del Sespa y el proyecto de construir un nuevo edificio, al considerar que el actual “ya no cumple con las misiones que se le habían otorgado”.

Carolina López, por su parte, exige el "cese inmediato" de la directora y reclama colocar al frente del centro “a alguien que sepa gestionar”. También denuncia supuestos incumplimientos del contrato de seguridad, turnos incompletos y bajas masivas entre los vigilantes. “Estamos hablando de personas, de padres de familia que salen a trabajar a un centro público y no saben si van a volver en ambulancia”, afirma.

Barbón rechazó las acusaciones y le preguntó a López si le había escuchado alguna vez negar los problemas de Sograndio. “Reconocemos los problemas y estamos planteando soluciones”, recalcó. El presidente reprochó a Vox que se limite a criticar sin concretar su alternativa: “Si su opción sería privatizar los centros de menores, como pasa en algunas partes, sea valiente y dígalo”, espetó durante el debate.

El jefe del Ejecutivo defendió un modelo “cien por cien público” para la atención de los menores con responsabilidad penal y acusó a Vox de hacer política desde “la exclusión, el miedo y el odio”. “Entre su miedo y nuestras soluciones, estoy convencido de que la mayoría de los educadores y auxiliares se quedan con las soluciones”, concluyó.

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