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IU exige al equipo de gobierno de Oviedo que aclare la "opacidad" sobre los parques de baterías

La coalición eleva el conflicto al Principado y al próximo Pleno municipal ante las respuestas "insuficientes" sobre los proyectos de San Esteban de las Cruces y los movimientos de las eléctricas

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo Alejandro Suárez.

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo Alejandro Suárez. / Miki López

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El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo trasladó este miércoles una batería de quejas al Principado de Asturias y anunció que exigirá explicaciones formales en el próximo Pleno municipal ante la "falta de transparencia" y el silencio del equipo de gobierno local respecto a la tramitación de los parques de baterías proyectados en el entorno de San Esteban de las Cruces. La coalición tomó esta decisión tras recibir contestaciones "inexistentes, poco claras y opacas" en la última Comisión de Urbanismo, donde intentó fiscalizar los movimientos de las compañías eléctricas en el municipio.

El concejal de la formación, Alejandro Suárez, alertó de que "las respuestas recibidas son tan insuficientes que, lejos de aclarar la situación, refuerzan nuestra preocupación". "Con las eléctricas hemos topado", exclamó, y denunció que los indicios apuntan a "movimientos administrativos de enorme relevancia que el Ayuntamiento de los que no se está ofreciendo transparencia". Desde el partido trasladan que la ciudadanía tiene el "derecho a saber qué se está tramitando y cuál es la posición real del gobierno municipal", exigiendo que se abandone de inmediato el uso de respuestas ambiguas o incompletas.

La coalición solicitó formalmente conocer el estado de los expedientes ambientales y urbanísticos de estas instalaciones, la identidad de las empresas promotoras y la existencia de solicitudes para el soterramiento o modificación de líneas eléctricas.

Asimismo, IU reclamó saber cómo planea el Ejecutivo ovetense dar cumplimiento al acuerdo plenario en el que, según manifiesta IU, la corporación ya había manifestado un rechazo explícito a este tipo de infraestructuras en el territorio. La iniciativa de fiscalización se originó por la creciente preocupación vecinal y el potencial impacto territorial de los proyectos.

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