San Esteban de las Cruces y barrios aledaños, en pie de guerra contra los parques de baterías: "A todo Oviedo habría que confinarlo si se quema una de ellas"
Los afectados, que presentan más de 4.000 alegaciones para frenar los macroproyectos y se concentraron en el Ayuntamiento, denuncian "informes falsos" sobre la calidad del suelo e inciden en el los riesgos para la seguridad ciudadana en lo que califican de "atropello descarado"

Representantes vecinales en contra del parque de baterías en San Esteban de las Cruces, este martes, en el Ayuntamiento de Oviedo. / Oriol López
En pie de guerra. Así es como están los vecinos de las parroquias de La Manjoya, Otero, San Lázaro o, especialmente, San Esteban de las Cruces y sus parroquias, quienes encabezados por la alcaldesa de esta última área, Vanessa García, se concentraron en la mañana de este martes ante el Ayuntamiento de Oviedo para mostrar su firme oposición a la proliferación de parques de baterías en el municipio. Los afectados, integrados en la plataforma "Stop Baterías Asturias", han formalizado más de 4.000 alegaciones contra siete proyectos que consideran una amenaza para la salud pública y el entorno rural. La movilización busca forzar un cambio en las directrices sectoriales para evitar lo que califican como un "atropello descarado" basado en datos técnicos erróneos, advirtiendo de que, ante un eventual incendio. "A todo Oviedo habría que confinarlo si se quema una batería", afirmaron los manifestantes, que acudieron también al consistorio para apoyar la intervención del Grupo Municipal de IU sobre esta cuestión en pleno municipal.
La seguridad ciudadana es el principal eje de la protesta. Los manifestantes, que instaron a la administración a abandonar su postura hacia las empresas eléctricas y a defender la salud de los ciudadanos frente a los intereses económicos del sector energético. Asimismo, solicitan la suspensión de todos los proyectos en curso hasta que las directrices definitivas regulen su implantación.
Así, aludieron a estudios internacionales y a sucesos recientes en la región para justificar su inquietud. "Si se incendia una batería, el humo tóxico y cancerígeno abarca un radio de tres kilómetros; llegaría hasta el centro de la ciudad, hasta el Naranco", advirtieron los manifestantes, quienes recordaron el incidente ocurrido el pasado mes de mayo en un contenedor de baterías en Campo de Caso. "Nada más alcanzar los 30 grados empezaron a saltar las alarmas y hoy, en pleno julio, el contenedor sigue abierto para poder refrigerar", añadieron, alertando de que con las temperaturas actuales, el riesgo se multiplica exponencialmente al proyectar 90 contenedores concentrados en la zona.
En cuanto a la controversia en las ejecicuciones, se centra especialmente en el macroproyecto impulsado por la empresa Atlántica en San Esteban de las Cruces, que contempla 74 contenedores y dos subestaciones. Según denunció Vanessa García, la compañía ha enviado una carta de presentación a los grupos municipales que falta a la verdad sobre la naturaleza del terreno. "Mienten desde el principio; dicen que se plantea esta construcción en suelos mineros degradados, cuando la parcela afectada es cien por cien superficie forrajera en régimen de ganadería ecológica que cobra subvenciones de la PAC", señaló la alcaldesa de barrio, quien lamentó el "chuleo" de representantes empresariales en reuniones vecinales tras obtener el "parabién" inicial de las administraciones.
Para desmontar la tesis de "suelo degradado" que sostienen las promotoras, García recordó la historia de la finca objeto del conflicto. Aunque en el pasado se extrajo arcilla del terreno, un accidente ocurrido en los años 80 obligó al Ayuntamiento a exigir su restauración integral. Desde la década de los 90, el suelo recuperó su uso agroganadero pleno, por lo que los vecinos consideran "falso" el informe pericial de parte presentado por la empresa y lamentan que nadie de la Consejería de Medio Ambiente se haya desplazado a la zona para cotejar la realidad del terreno. Discrepan, además, del catálogo de suelos degradados elaborado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo, exigiendo el derecho a presentar pruebas legales que cuestionen dicho inventario.
La preocupación se extiende también a la configuración técnica de los proyectos. En San Esteban de las Cruces se proyecta la construcción de dos nuevas subestaciones propias para verter la energía, en lugar de utilizar la infraestructura ya existente, lo que agravaría el impacto visual y ambiental sobre las viviendas. Los vecinos alertaron además sobre la saturación de infraestructuras en el entorno, donde ya conviven tres residencias de ancianos, una gasolinera y las instalaciones de Televisión Española, que se verían cercadas por los contenedores de litio.
Ante la falta de respuesta que perciben por parte de la administración local y autonómica, los vecinos han anunciado que endurecerán su estrategia legal. No descartan acudir a la vía penal ante la posible vulneración del principio de "confianza legítima". "Vamos a mandar todo al fiscal porque lo que están poniendo en los expedientes es mentira", aseguró García.
La alcaldesa de barrio también criticó el "vacío legal" que permite a las empresas fragmentar los proyectos en instalaciones menores para sortear los controles estatales del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que rechazaría estas plantas por situarse en un tipo de suelo no apto para que se levanten este tipo de complejos. En este sentido, los afectados ejemplificaron con los proyectos Atenea 2 y Atenea 3, de San Esteban de las Cruces, que, a pesar de sumar 16 contenedores en una misma parcela, se presentan de forma segregada. La plataforma sospecha que esta maniobra busca obtener el la conformidad del Principado de Asturias evitando el filtro de Madrid. Asimismo, mostraron su inquietud ante un posible cambio en las directrices sectoriales de Industria que podría favorecer a las empresas, permitiendo su instalación según la demanda empresarial y no bajo criterios estrictos de protección del territorio.
La plataforma exige que se respeten las distancias mínimas de seguridad propuestas inicialmente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA): 1.000 metros de núcleos rurales y zonas residenciales, y 500 metros de viviendas aisladas. Además, proponen limitar a un máximo de dos las plantas autorizables dentro del "Radio Base de Viabilidad" de cinco kilómetros alrededor de los nudos eléctricos, con una separación de 500 metros entre ellas para evitar el impacto acumulado.
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