Vipasa promete reparar los pisos de La Corredoria tras las quejas vecinales: "Están que se caen y no nos hacen caso"

Nicolás Guerra fue diagnosticado de asma hace dos años. Los médicos atribuyeron la enfermedad al moho y las humedades que desde hace seis años sufren en su vivienda pública de La Corredoria. Su caso resume el deterioro que denuncian desde hace tiempo los vecinos de los portales 6, 8 y 10 de la calle Jardín y que ha llevado ahora al Principado a comprometer una "revisión integral" de los edificios. "Todo el proceso está en marcha", aseguró este jueves el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, tras la concentración vecinal de esta misma semana, a la que se sumó el diputado del PP José Cuervas-Mons. La empresa pública Vipasa afirma que reforzará las actuaciones para resolver las incidencias pendientes.

"Yo, como madre, quiero el bienestar de mi hijo, pero si la base de la enfermedad está en la misma casa, ¿qué hago? Este es el único techo que tengo", lamenta Maribel Guerra, madre de Nicolás. Llegó a estas viviendas hace doce años tras sufrir un caso de violencia de género y una separación. Con un hijo pequeño a su cargo, la adjudicación del piso fue, recuerda, "como si me hubiera tocado la lotería". La alegría duró unos años. Después empezaron las filtraciones, el moho y las humedades. Un día de lluvia comprobó que el agua se colaba por la ventana debido al mal estado de un canalón. "En 2020 avisé a Vipasa por primera vez. En seis años no ha venido nadie a verificar. Solo me dicen que espere. Hablar con Vipasa es como hablar con un buzón vacío", critica. La mayoría en el bloque coincide en criticar las averías y fallos. "Están que se caen a cachos y no nos hacen caso", protestan.

En invierno, la situación empeora. "Si no cierro la persiana y pongo un empapador, el agua entra. Da igual poner la calefacción porque el calor se escapa". A su juicio, los canalones y las ventanas de madera deberían sustituirse de forma urgente.

La sensación de abandono también la comparte Iván Buylla, de 40 años, que lleva 26 viviendo en la comunidad. Tras el fallecimiento de su padre solicitó la subrogación del contrato de alquiler, pero le fue denegada y el caso está pendiente de resolución judicial. "Vipasa sabe que siempre he vivido aquí, pago la misma renta que mi padre pero apenas puedo asumirla", explica.

Además, denuncia el estado de conservación de los edificios. Como albañil y técnico de construcción considera que "el mantenimiento debe hacerse con criterios de calidad y durabilidad" y critica las reparaciones provisionales.

Revisión de rentas

También cuestiona la revisión de rentas iniciada por la empresa pública. Algunos vecinos, asegura, han recibido cartas para actualizar el alquiler y, en algunos casos, el incremento supera el 200 %. "Mantener viviendas públicas cuesta dinero, pero ese esfuerzo debe reflejarse en edificios mejor conservados. La vivienda pública no consiste solo en entregar unas llaves, sino también conservar los edificios y escuchar a quienes viven en ellos", sostiene.

La gota que colmó el vaso llegó en junio, cuando una revisión detectó un boquete en una tubería del gas provocado por el agua que caía desde un canalón deteriorado. Los vecinos dicen que pudo haberse producido una desgracia.

Las quejas desembocaron el miércoles en una concentración para exigir una actuación "urgente e inmediata" del Principado. Tras la protesta y las críticas formuladas por el PP, Zapico defendió que "todos los procesos ya se encuentran en marcha" y aseguró que la revisión de rentas responde a criterios de "justicia social" para adecuarlas a la capacidad económica de cada unidad familiar.

Vipasa aseguró en un comunicado que está "destinando recursos para agilizar la resolución de las incidencias pendientes" y reforzando los mecanismos de seguimiento de las actuaciones. La empresa pública sostiene que ya tenía prevista una "revisión integral" de las viviendas para planificar nuevas mejoras, con especial atención a las zonas comunes. También rechaza que exista una subida generalizada de los alquileres y subraya que el proceso responde a criterios de justicia social y no de recaudación.

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