Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo

El setenta por ciento de las multas tramitadas hasta ahora por incumplir la normativa establecida a raíz de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) son expedientes abiertos a conductores que no son de Oviedo. Así se desprende de un informe elaborado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que recoge la actividad sancionadora desarrollada durante los tres primeros meses de funcionamiento efectivo del sistema. Entre marzo y mayo se impusieron un total de 8.707 sanciones, aunque algunas todavía pueden ser objeto de recurso. En marzo se contabilizaron 2.423; en abril, 3.498, y en mayo, 2.796.

José Ramón Prado, el edil de Seguridad Ciudadana, considera que el elevado porcentaje de infractores procedentes de fuera del concejo responde principalmente a una «falta de información» y, al mismo tiempo, «demuestra que los ovetenses sí conocen la normativa». El concejal recuerda que el sistema «no reconoce ni distingue la procedencia de los conductores», sino que se limita a comprobar si los vehículos que acceden al área restringida cumplen las condiciones establecidas. Añade, además, que los accesos se encuentran «perfectamente señalizados» para que los conductores puedan interpretar las restricciones antes de entrar en el centro de la ciudad con los vehículos más contaminantes.

La Zona de Bajas Emisiones se implantó en enero. Durante los dos primeros meses del año se estableció un periodo de gracia, sin sanciones, acompañado de distintas campañas municipales de sensibilización e información. El Ayuntamiento mantiene también una oficina permanente en la calle Quintana para atender consultas. Además, los ciudadanos pueden solicitar información llamando al Consistorio y pidiendo que les comuniquen con la extensión 2028 o, simplemente, «que les pongan con Bajas Emisiones», dice Prado.

El edil insiste en que la implantación de estas restricciones responde a una normativa europea y asegura que «no existe ningún afán recaudatorio» por parte del Ayuntamiento. Las sanciones ascienden a 200 euros, una cantidad que se reduce a 100 euros en caso de pronto pago. El informe de Seguridad Ciudadana señala asimismo que, durante estos meses, las cámaras instaladas para controlar los accesos detectaron 37.850 vehículos considerados inicialmente «sospechosos o sin pegatina». De ellos, 22.167 no fueron sancionados después de comprobarse que cumplían alguno de los requisitos que permiten circular por la zona.

Entre las excepciones figuran, entre otras, los vehículos de residentes, los históricos, los que acceden a un parking situado dentro del anillo o aquellos cuyos ocupantes acuden a una consulta médica, por poner un solo ejemplo. En estos casos, el conductor puede presentar el justificante mediante una aplicación móvil, subiendo una fotografía antes del desplazamiento o en los cinco días posteriores. Otros 1.796 vehículos permanecen todavía en proceso de validación, a la espera de que los técnicos determinen si procede o no abrir un expediente sancionador.

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