¿Por qué se han invalidado 22.167 denuncias de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo? Vox pide explicaciones
El sistema de cámaras generó 37.850 propuestas de sanción entre marzo y junio de 2026, mientras que otras permanecen todavía pendientes de validación
La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo. / Mario Canteli / LNE
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El sistema automatizado de control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) generó 37.850 denuncias entre los meses de marzo y junio de 2026, de las que 22.167 tuvieron que ser invalidadas. Cifras que han provado que el grupo municpial de Vox acabe de registar una batería de preguntas para exigir explicaciones al equipo de gobierno sobre el funcionamiento de la plataforma. Su portavoz, Sonsoles Peralta, sostiene que las restricciones a los coches contaminantes "están generando volumen inaceptable de denuncias que posteriormente son descartadas», afirmó.
También detalló que varias de las sanciones afectan a personas incluidas en algunos de los supuestos autorizados por la ordenanza como residentes y empadronados dentro de la ZBE, propietarios de plazas de garaje, titulares de vehículos históricos y clientes de aparcamientos de supermercados cuyos accesos están habilitados. «Lo más preocupante es que el ciudadano hace exactamente lo que el Ayuntamiento le dice y, aun así, acaba recibiendo una denuncia. Después le toca perder tiempo presentando recursos y demostrando que no ha incumplido ninguna norma», señaló.
El contrato para implantar el sistema de gestión de la ZBE contemplaba una plataforma capaz de integrar la información necesaria para identificar las exenciones, comprobar los permisos y validar las posibles infracciones antes de iniciar la tramitación de las sanciones. Por este motivo, Peralta reclama al equipo de gobierno que detalle qué tipos de infracciones detectaron las cámaras, por qué se invalidaron las denuncias y cuántas permanecen todavía pendientes de revisión. También pregunta por las razones por las que se generan expedientes contra vehículos que, según la ordenanza, tienen autorizado el acceso.
El grupo municipal solicita además que el Ayuntamiento concrete las medidas que adoptará para evitar nuevos errores y comprobar si la empresa responsable está cumpliendo las condiciones del contrato. «La Administración tiene la obligación de comprobar antes de sancionar, no de sancionar primero y dejar que sea el vecino quien tenga que demostrar que el Ayuntamiento se ha equivocado», concluyó Peralta.
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