Una segunda oportunidad para volver a empezar
Cueva y Roza Abogados ayuda a cancelar una deuda de casi 95.000 euros, a un matrimonio sobreendeudado, que inicia una nueva vida
Ley de Segunda Oportunidad / Cedida a LNE
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Perder la vivienda no siempre significa que la deuda termine. En muchos casos, tras una ejecución hipotecaria, la familia pierde su casa y, aun así, continúa arrastrando cantidades pendientes, intereses, costas, embargos y reclamaciones judiciales que bloquean cualquier intento de reconstruir su economía.
Ese era el punto de partida de un matrimonio asesorado por Cueva y Roza Abogados. Después de años de procedimientos, ejecuciones, retenciones en cuentas y deudas vinculadas a operaciones financieras de difícil impugnación práctica, su situación había dejado de ser un problema puntual para convertirse en un bloqueo estructural: ingresos intervenidos, imposibilidad de planificar pagos ordinarios y una presión constante de acreedores y registros de morosidad.
Doble perspectiva
El despacho estudió el caso desde una doble perspectiva: jurídica y económica. Se revisaron deudas, acreedores, procedimientos en curso, la existencia o no de patrimonio realizable y la viabilidad real de discutir determinadas operaciones financieras. Cuando la impugnación individual de cada deuda no ofrecía una solución , la vía fue acudir al mecanismo de segunda oportunidad.
Estrategia victoriosa
En Cueva y Roza analizan cada supuesto de forma individual, incluyendo la posible existencia de préstamos usurarios, tarjetas revolving u operaciones abusivas. Después de valorar qué vía resulta más útil para el cliente —impugnación financiera, negociación o segunda oportunidad— diseñan una estrategia realista para empezar de nuevo. La Ley de Segunda Oportunidad permite que particulares, familias, autónomos y pequeños empresarios insolventes puedan solicitar la exoneración de sus deudas cuando actúan de buena fe y no disponen de patrimonio . El procedimiento exige ordenar el pasivo, acreditar situación económica real, identificar acreedores y justificar que el endeudamiento no puede afrontarse. El procedimiento obtuvo la exoneración de 94.967,36 euros, liberando al matrimonio de una carga que condicionaba su vida diaria.
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