La Fiscalía rechaza que los padres de la casa de los horrores de Oviedo recuperen la custodia de sus tres hijos

La suspensión cautelar de la patria potestad, la guarda y la custodia de los tres hijos menores de la familia de Fitoria continuará, por el momento, en manos de la Justicia. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó este martes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que mantenga las medidas adoptadas contra los progenitores mientras la sentencia no sea firme y se resuelve el recurso de casación anunciado.

La petición fue formulada durante una comparecencia celebrada este martes ante la Audiencia Provincial. El Ministerio Público reclama que sigan vigentes las medidas acordadas por el juez instructor el 30 de abril de 2025, consistentes en suspender cautelarmente a los padres de la patria potestad, la guarda y la custodia de sus tres hijos y atribuirlas al Principado de Asturias.

La solicitud llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimase parcialmente los recursos de las defensas y absolviese al matrimonio del delito de maltrato psicológico. La resolución dejó reducida la condena al delito de abandono de familia, castigado con seis meses de prisión, una pena que los dos progenitores ya habrían cumplido sobradamente tras permanecer encarcelados durante más de un año.

La absolución por maltrato psicológico dejó además sin efecto las penas accesorias asociadas a ese delito, entre ellas la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante tres años y cuatro meses y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de sus hijos. Sin embargo, el fallo todavía puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo y, por tanto, no es firme.

Ese es el argumento en el que se apoya ahora la Fiscalía para pedir que se mantenga la suspensión cautelar acordada durante la instrucción. La medida es distinta de la retirada de la patria potestad impuesta inicialmente como pena en la sentencia y pretende preservar la situación de los menores hasta que exista una resolución judicial definitiva.

Los abogados de los progenitores habían subrayado, tras conocerse la decisión del Tribunal Superior, que la principal preocupación del matrimonio era recuperar el contacto con sus hijos. La defensa de Christian Steffen explicó que el fallo había supuesto inicialmente un alivio para los padres, aunque acompañado de la inquietud por conocer qué pasos tendrían que dar para tratar de recuperar la custodia.

La resolución judicial no implica, en todo caso, una reunificación inmediata de la familia. Los tres menores continúan bajo la tutela del Principado de Asturias como consecuencia de la declaración administrativa de desamparo acordada tras el descubrimiento de las condiciones en las que vivían en el chalé de Fitoria. Ese expediente administrativo es independiente del procedimiento penal y no queda automáticamente anulado por la absolución del delito de maltrato psicológico.

Los progenitores tendrán que solicitar por esa vía una revisión de las medidas de protección si pretenden recuperar progresivamente el contacto y la convivencia con sus hijos. La Administración autonómica deberá valorar para ello la evolución de la situación familiar, las circunstancias de los menores y la existencia de condiciones que permitan una eventual reunificación.

El caso se inició tras localizarse a los tres niños en una vivienda de Fitoria, en Oviedo, en la que, según se sostuvo durante el procedimiento, habían permanecido prácticamente aislados durante cerca de cuatro años. Los padres alegaron que su comportamiento estaba relacionado con el temor a los contagios de covid.

La Audiencia Provincial absolvió inicialmente al matrimonio del delito de detención ilegal, el que llevaba aparejada la petición de pena más elevada, pero los condenó por maltrato psicológico y abandono familiar. El Tribunal Superior anuló posteriormente la condena por maltrato al considerar que las pruebas apreciaban disfunciones en el entorno familiar, pero no acreditaban el propósito de causar daño exigido para ese delito.

La situación de los menores queda ahora condicionada por dos vías diferentes. En el ámbito penal, la Audiencia Provincial deberá decidir si mantiene las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía hasta que la sentencia alcance firmeza. En el administrativo, continuará vigente la tutela ejercida por el Principado mientras no se revise o revoque la declaración de desamparo.

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