Vox exige la suspensión cautelar de las multas de la ZBE en Oviedo mientras se resuelve la vía judicial

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este lunes que se interrumpa de forma provisional la imposición de sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta que los tribunales dictaminen sobre su legalidad. La formación, que defenderá la iniciativa en el pleno de este martes, reclamó al equipo de gobierno del Partido Popular que evalúe la posible nulidad de la ordenanza y no se oponga a la paralización cautelar de los castigos económicos.

La portavoz del grupo, Sonsoles Peralta, reclamó directamente a los populares que abandonen la postura de "escudarse en supuestas obligaciones" y agoten todas las herramientas a su alcance para salvaguardar los intereses de los ovetenses frente a una norma que consideran injusta.

La propuesta de la formación surge tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte del partido contra la regulación actual. Peralta justificó la medida al considerar que la administración local tiene el deber de "minimizar y evitar mayores perjuicios a los ciudadanos", especialmente ante el escenario de que la justicia termine por invalidar el régimen sancionador. En este sentido, la concejala defendió que su grupo decidió ir "hasta el final" en los juzgados para garantizar la libertad de movimiento por la capital.

El planteamiento de Vox pasa por la elaboración de un informe jurídico que avale la interrupción temporal de los expedientes sancionadores en curso. Peralta sostuvo que no resulta coherente continuar multando a los conductores mientras existan "dudas razonables" sobre si la normativa se ajusta a derecho.

Según detalló la portavoz, los residentes de la ciudad se ven afectados por las consecuencias económicas de una zona de circulación restringida que calificó de "injustificada".

La edil lamentó que el ejecutivo municipal mantenga la aplicación de la ordenanza a pesar del impacto social que genera. "Los vecinos no piensan en recursos contenciosos ni en jurisprudencia; piensan en que les llega una multa por circular por su propia ciudad", denunció la representante de Vox, quien instó al PP a analizar el daño financiero que el proceso judicial podría acarrear para las arcas municipales y los contribuyentes.

Finalmente, el grupo municipal emplazó al equipo de Alfredo Canteli a demostrar si "de verdad defiende los intereses de Oviedo" permitiendo que se revise la viabilidad de la norma antes de seguir ejecutando las penalizaciones.

Para Peralta, el Partido Popular tiene ahora la oportunidad de estudiar las consecuencias de este procedimiento y de las multas ya emitidas durante la tramitación del conflicto legal.

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