El Pleno da luz verde al acceso al autobús para las mascotas por un Oviedo "sensible y avanzado"

El Ayuntamiento de Oviedo, en su sesión plenaria adelantada al mes de agosto, dio luz verde inicial a la modificación del reglamento de transporte para permitir que las mascotas viajen en el autobús urbano. La sesión, celebrada este martes en la Casa Consistorial, sirvió, además, para validar la solvencia de las arcas municipales con la aprobación de la Cuenta General de 2025 con un remnente de 106 millones de euros y abordar las crecientes preocupaciones vecinales por la instalación de parques de baterías en San Esteban de las Cruces. De otra manera, el pleno concluyó con un "no" rotundo del bloque mayoritario de los concejales a las tres propuestas de urgencia presentadas por la oposición sobre vivienda, de PSOE e IU, y la propuesta de moratoria cautelar de Vox de para las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) mientras se resuelve el recurso que la formación presentó al respecto ante los tribunales.

La noticia más esperada para los propietarios de animales domésticos llegó con la aprobación de la reforma del Reglamento de Servicio Público de Transporte Urbano que viene siendo anunciada y debatida en los órganos municipales desde hace unos meses y que salió adelante con 24 votos a favor y dos abstenciones, las de las ediles de Vox. La medida permitirá el acceso de mascotas de menos de 10 kilogramos siempre que viajen en transportines homologados. Nacho Cuesta (PP), concejal de Movilidad, defendió la medida como un paso hacia una "ciudad sensible y avanzada" en conciencia. Además de argumentar plenamente a favor de este trato amable hacia los animales de compañía y las facilidades de transporte a sus tutores, sacó pecho durante el debate de que Oviedo será pronto "la primera ciudad de España con una flota 70 vehículos íntegramente electrificada".

Sin embargo, lo que parecía un trámite de bienestar animal derivó en un duro cruce de reproches sobre la calidad del servicio. Desde Vox, Sonsoles Peralta arremetió contra la "carga" que la norma recién aprobada supone para los conductores, cuestionando la operatividad de "revisar homologaciones" o calcular a ojo el tamaño de los animales en plena ruta. Por su parte, Carlos Fernández Llaneza, el portavoz del PSOE, criticó la "falta de coherencia" del reglamento al prohibir patinetes eléctricos por riesgo de incendio de sus baterías de litio mientras se permite la entrada de bicicletas eléctricas o mascotas: "¿Tienen dudas de la seguridad de los vehículos que alquilan a los ciudadanos (respecto a los patinetes público)? Las baterías son exactamente iguales". Gaspar Llamazares (IU) elevó el tono al preguntar si el nuevo plan realmente compite con el coche privado, recordando que "el 60 por ciento de la ciudad sigue siendo terreno del automóvil".

La gestión económica ocupó el núcleo central de la mañana con la aprobación de la Cuenta General 2025. La concejala de Economía, Leticia González, exhibió músculo financiero apoyada en informes técnicos: Oviedo cerró el ejercicio con un Remanente de Tesorería de 106,9 millones de euros y una deuda situada en un escaso 14 por ciento, muy lejos del límite legal. "Mantenemos una posición económica privilegiada que nos sitúa entre los ayuntamientos mejor gestionados de España; el dato mata al relato", sentenció González.

Esta visión de "bonanza" fue duramente contestada por el socialista Jorge García Monsalve, quien utilizó una metáfora para criticar la falta de inversión real en la calle: "¿Para qué quieren ustedes el Peñón si no saben ni andar por llano?", espetó, denunciando que el nivel de ejecución presupuestaria apenas llega al 50 por ciento. "Esta fortaleza económica no se traduce en mejora de la calidad de vida de los ovetenses", remató. En un plano más administrativo, el Pleno aprobó por unanimidad la revisión del inventario de caminos y tramitó un suplemento de crédito de 110.000 euros para actividades de la Fundación Municipal de Cultura, como el Festival de Piano Achúcarro.

No obstante, el foco de la tensión vecinal se desplazó hacia el extrarradio. El concejal de IU Alejandro Suárez interpeló al gobierno sobre el rechazo a la planta de baterías en San Esteban de las Cruces que derivó en un intenso debate con Cuesta. Suárez planteó tres dudas sobre las competencias municipales en el parque de baterias en la localidad: cómo está el estudio de implantación, instrumento que permite al gobierno local decir "no" a la instalación; cuáles son las aportaciones al estudio de impacto ambiental al primer parque de baterías planteado y si se comunicó la limitación de uso del terreno, que es ganadero y que no permitira el montaje del parque, "cuestiones nucleares para que se pare". ¿La tercera? Cómo estén los planes de seguridad de estos parques y también los de La Corredoria.

Vecinos de San Esteban de las Cruces, que asistieron al Pleno municipal como oyentes, anunciaron a este periódico su intención de acudir a la fiscalía contra el proyecto de la planta de baterías, tras no quedar conformes con las explicaciones dadas por el equipo de gobierno.

"El Ayuntamiento de Oviedo exige la tramitación de un estudio de implantación con una evaluacion ambiental ordinaria. ¿En que punto estamos? Esperando informes preceptivos de Medio Ambiente y de la CUOTA", manifestó Cuesta para reflejar cual es el estado de la cuestión. Así, el concejal del PP defendió la cautela administrativa del gobierno, delegando responsabilidad en el Principado.

Asimismo, se abordó la situación ambiental de Trubia. Suárez solicitó un protocolo específico para detectar "emisiones visibles que generan materia sedimentable", denunciando que se están produciendo situaciones de contaminación que "no se veían desde los años 70". Cuesta defendió que los niveles de calidad del aire cumplen estrictamente con la ley aunque la oposición insistió en que los estándares de la OMS dictan una realidad mucho más preocupante para los vecinos.

El tramo final del pleno fue un desfile de rechazos a las propuestas de urgencia. Izquierda Unida vio cómo caía su petición para que las viviendas vacías de la Sareb pasaran a gestión autonómica tras un agrio debate con Cuesta, que instó a los de Llamazares a "presionar a sus socios en Madrid, ya que forman parte del gobierno".

Vox tampoco logró sacar adelante su propuesta para anular la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y suspender las multas. Sonsoles Peralta (Vox) calificó la ZBE de "plan maquiavélico de Bruselas", mientras que IU le afeó que "el código postal no debería determinar la esperanza de vida" por respirar aire sucio. Finalmente, el PSOE fracasó en su intento de que el Ayuntamiento pujara por los edificios de la Seguridad Social en la calle Jovellanos para crear vivienda pública en el centro, una operación que el gobierno local calificó de "inasumible financieramente" para las arcas municipales en este momento.

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