Vox pide cuentas al Ayuntamiento de Oviedo por el impacto del proceso de regularización de extranjeros
Sonsoles Peralta denuncia que la medida estatal supone una "mayor carga de trabajo" y exige transparencia sobre el coste económico del procedimiento

Sonsoles Peralta, en un pleno municipal. / Juan Plaza / LNE
El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo pidió este miércoles cuentas por el impacto derivado del proceso extraordinario de regularización de extranjero. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, denunció a través de una batería de preguntas registradas ante la Comisión de Economía que esta iniciativa impulsada por el Gobierno de España obliga a los ayuntamientos a asumir nuevas funciones administrativas y una "mayor carga de trabajo", por lo que exigió transparencia institucional sobre el coste económico real y los recursos que el procedimiento supuso para las arcas municipales desde su puesta en marcha.
La iniciativa del grupo municipal buscó esclarecer el volumen total de solicitudes gestionadas hasta la fecha, así como identificar qué departamentos y servicios del Consistorio intervinieron en su desarrollo. Peralta lamentó que las entidades locales, al ser la administración más cercana al ciudadano, se viesen forzadas a "destinar recursos humanos y materiales" para ejecutar una decisión adoptada por otra administración superior sin que exista información pública suficiente sobre su repercusión financiera.
La representante de Vox subrayó que la gestión de los fondos públicos requiere que el equipo de gobierno informe con claridad sobre el alcance de estas tareas extraordinarias. En este sentido, la formación mostró su preocupación por si esta situación "está afectando a la prestación ordinaria de los servicios públicos que reciben los ovetenses", con especial énfasis en la labor que desempeñan los Servicios Sociales o las oficinas de atención administrativa a los vecinos.
Asimismo, la portavoz preguntó si el Ayuntamiento tiene intención de reclamar al Gobierno central la financiación íntegra de los gastos generados por este proceso, al tratarse de una competencia de la Administración General del Estado. Finalmente, Sonsoles Peralta solicitó un desglose pormenorizado de los expedientes tramitados, especificando cuántos corresponden a informes de "arraigo social, arraigo socio laboral, arraigo socio formativo" u otros documentos técnicos cuya emisión dependa directamente de la institución local.
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