"Maricón, sal de ahí": las amenazas que sufre un inquilino de Oviedo con contrato en vigor y que paga el alquiler por parte de una empresa de desokupación

Llamadas con insultos, amenazas presenciales y piedras contra la puerta de su vivienda. Este es el acoso que, según denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, sufre uno de sus afiliados para obligarlo a abandonar la casa en la que reside con un contrato de alquiler vigente hasta 2028. El afectado, un trabajador de la hostelería de 54 años y que vive solo, lleva trece años residiendo en la vivienda. Los problemas económicos del propietario del piso provocaron que vendiese la deuda a una empresa a cambio de parte de la vivienda y, ahora, ellos quieren venderlo. "El hombre está aterrorizado. No sabemos si corre peligro la vida de nuestro compañero", advirtió Andrés García, portavoz y uno de los fundadores del sindicato.

Las presiones comenzaron hace varias semanas mediante llamadas telefónicas. Las conversaciones arrancaban con un tono aparentemente cordial, pero después llegaban los insultos y expresiones como "maricón, sal de ahí". La situación dio un paso más el pasado lunes, cuando varias personas acudieron al domicilio y, siempre según la denuncia del colectivo, amenazaron físicamente al arrendatario. Ya han presentado dos denuncias ante la Policía y el sindicato exige que se adopten medidas "antes de que ocurra una tragedia".

García atribuyó estas actuaciones a Asfator, una empresa dedicada a la compraventa de deuda que, según aseguró, habría recurrido a la empresa de desokupación Dio Express para conseguir que el afiliado deje el inmueble. El anterior propietario de la vivienda acumulaba una importante deuda y parte del inmueble habría pasado a manos de la compañía, que pretendería venderlo. El sindicato subraya que esa operación no invalida el contrato de alquiler, vigente durante otros dos años.

El portavoz también afirmó que han dejado de aceptar el pago de las mensualidades, una práctica con la que, a su juicio, se busca colocar al arrendatario en una situación de impago. "No pueden contratar a una empresa para amedrentarlo y conseguir que abandone una vivienda en la que tiene un contrato en vigor", sostuvo.

El sindicato asegura que ya ha atendido otros conflictos relacionados con esta compañía y la acusa de emplear prácticas de coacción y acoso inmobiliario. García reclamó una investigación y protección para el afectado, que atraviesa además un momento personal delicado tras el reciente fallecimiento de su madre.

Pilar Lobo, integrante de Stop Desahucios y de la PAH de Oviedo, respaldó la denuncia y aseguró que no se trata de un caso aislado. "Se presentan como empresas mediadoras, pero esto es extorsión", afirmó. Lobo defendió que cualquier conflicto relacionado con la propiedad o el alquiler debe resolverse por los cauces judiciales: "No se puede consentir la ley de la selva ni recurrir a cualquier método para mandar a un inquilino a la calle".

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