El PP acusa al Principado de «perder el control» de Sograndio y exige aclarar la seguridad

El PP sostiene que el Gobierno de Adrián Barbón «ha perdido el control» del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio y reclama explicaciones sobre la seguridad del equipamiento tras la denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ante la Delegación del Gobierno. El diputado regional Manuel Cifuentes exige aclarar la formación y habilitación de los nuevos efectivos incorporados al dispositivo, reforzar de forma efectiva la plantilla y poner en marcha un plan integral para un centro que, a su juicio, atraviesa una «crisis estructural» después de varios episodios de motines, agresiones y fugas.

Cifuentes reclamó al Principado que aclare qué personal se ha incorporado al dispositivo de seguridad después de que el Gobierno anunciase el refuerzo con entre ocho y diez efectivos. El parlamentario popular preguntó cuántos de ellos son vigilantes de seguridad habilitados, cuántos auxiliares y qué funciones desempeña cada uno, además de quién ha autorizado esas tareas y si la Viceconsejería de Justicia ha comprobado el cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria.

El diputado también exigió una investigación interna sobre las acusaciones formuladas por AVISPA, que atribuye a la empresa y a la Viceconsejería de Justicia un supuesto incumplimiento de la normativa de seguridad privada. «Será la autoridad competente la que tenga que determinar si esas acusaciones son ciertas, mientras tanto el Gobierno debe dar explicaciones sobre hechos tan graves», señaló.

El PP reclama además que se refuerce la plantilla del centro y se mantengan las plazas existentes. Cifuentes recordó que su formación ya había advertido de que los trabajadores estaban «agotados, sobrecargados y desbordados» y sostuvo que Sograndio necesita «refuerzos, no amortizaciones». A su juicio, los problemas actuales no responden a una situación sobrevenida, sino a carencias que el Ejecutivo autonómico conoce desde hace tiempo.

El parlamentario popular cuestionó también la respuesta del Principado ante los últimos incidentes y acusó al Gobierno de actuar «a golpe de titulares». En este sentido, reclamó un proyecto integral que defina el modelo de centro, planifique los recursos humanos, mejore la dirección y aborde las deficiencias de las instalaciones. También pidió protocolos claros para actuar ante fugas, motines y agresiones, así como una mayor coordinación entre los profesionales educativos, el personal de seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cifuentes consideró insuficiente la auditoría de seguridad anunciada por el Principado para revisar las grabaciones y determinar si se produjeron fallos. «Una auditoría puede determinar qué ocurrió, pero no puede sustituir a la responsabilidad política», advirtió.

Por último, el PP reclamó la licitación inmediata del proyecto del nuevo centro y una reforma urgente de las instalaciones actuales mientras se construye. «El problema no son los menores, sino la incapacidad del Gobierno de Barbón para gestionar el centro», afirmó Cifuentes, que defendió que los internos deben disponer de un espacio seguro y los trabajadores de unas condiciones que les permitan desarrollar su labor educativa y de reinserción.

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