"Es imposible garantizar la seguridad en el centro de menores": los vigilantes de Sograndio denuncian fallos en las cámaras, falta de medios y graves carencias de personal

"Es imposible garantizar la seguridad en el centro de menores de Sograndio». Con esta contundencia resumió este viernes Carlos Lozano, portavoz de los trabajadores de seguridad , la situación que se vive actualmente en las instalaciones después de las fugas, agresiones y altercados registrados durante los últimos días. Esta situación llevó a los trabajadores a manifestarse a las puertas del centro para reclamar mejoras urgentes y señalaron especialmente las carencias de medios con los que tienen que afrontar las intervenciones.

Entre las deficiencias que consideran más graves están los problemas del sistema de videovigilancia. Lozano aseguró que las cámaras «fallan con frecuencia», que en ocasiones no graban y que algunos monitores llegan a apagarse, una circunstancia que afecta incluso a puntos especialmente sensibles como el módulo terapéutico. «Si te falla el sistema de cámaras, ¿cómo desde el control de puerta te van a avisar de que hay una fuga, de que hay un conflicto entre internos o de que intentan agredir a un educador, si no lo ven?», planteó el portavoz durante el acto al que asistieron una treintena de personas.

También puso el foco en el material de seguridad disponible. Denuncian que las palas utilizadas para cachear a los internos cuando regresan de los talleres no detectan correctamente objetos metálicos. Lozano llegó a asegurar que basta con cerrar el puño alrededor de una llave para que el aparato no la identifique. A ello se suma la falta de chalecos anticorte. Los trabajadores reclaman que, al menos, dispongan de ellos los vigilantes llamados a intervenir directamente cuando se produce un conflicto y Lozano puso en énfasis el funcionamiento de las emisoras porque tiene «puntos negros» en los que no es posible ni recibir ni transmitir comunicaciones. Esos segundos de falta de contacto entre los agentes pueden resultar determinantes, defendió Lozano, tanto para impedir una fuga como para acudir en auxilio del personal educativo.

Las quejas abarcan además los medios de protección contra incendios. Según el portavoz de los trabajadores, no existe un plan de evacuación actualizado, las mangueras contra incendios están obsoletas y hay extintores cuya revisión está fuera de plazo. También denunció que el centro permaneció durante aproximadamente dos meses sin arco detector de metales después de que la empresa Asepro asumiera el contrato de seguridad en noviembre del pasado año. Los vigilantes sitúan precisamente en la llegada de esta socieda del inicio de buena parte de los problemas que ahora denuncian. «A partir de ahí comenzó el caos», sostuvo Lozano, que acusó a la adjudicataria de incumplir tanto las condiciones del contrato como aspectos del convenio estatal de empresas de seguridad. Desde la plantilla sostienen que estas carencias han terminado afectando no solo a su propia seguridad, sino también a la de los educadores, el personal de cocina, limpieza y mantenimiento y los propios internos.

La plantilla denuncia asimismo que la falta de efectivos se ha convertido en un problema estructural. Según Lozano, deberían prestar servicio al menos once vigilantes por turno, pero en determinadas jornadas han llegado a faltar hasta cinco. Aseguró además que hay más de una treintena de trabajadores de baja de 49 empleados que tiene recogidos el contrato y que las últimas incorporaciones de auxiliares no cuentan con la habilitación de seguridad privada. Lozano sostuvo que algunas de estas personas realizan intervenciones con internos, vigilancia del perímetro y traslados, tareas que considera propias de los vigilantes. También afirmó, siempre según la denuncia de los trabajadores, que entre estos auxiliares habría personas con antecedentes penales.

Ante esta situación, el portavoz pidió expresamente la intervención de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional. «Que venga a investigarlo ya», reclamó, al tiempo que se mostró dispuesto a indicar a los agentes qué funciones realizan estas personas dentro de las instalaciones.

La concentración contó también con la presencia del diputado del PP Manuel Cifuentes, que quiso trasladar el apoyo de su partido a los trabajadores y consideró «lamentables» las condiciones descritas por los vigilantes y responsabilizó al Gobierno de Adrián Barbón de la situación de Sograndio, al recordar que el centro depende de la Viceconsejería de Justicia.

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